Perjuicio por partida doble

El 7 de octubre de 2007 es una fecha que no se le olvidará con facilidad a Jesús Sánchez Oliva, el propietario de un videoclub de Altabix que ese día vio cómo tres agentes de la Policía le requisaban cerca de 1.500 películas y juegos de video consolas de sus estanterías. El material, que él asegura que es todo auténtico, está desde aquella fecha almacenado en algún sótano de los juzgados porque el perito judicial que tiene que determinar si son o no auténticas no cobra, según le han justificado los funcionarios judiciales.

M. ALARCÓN Los casi once meses que han transcurrido le han causado enormes perjuicios para su negocio, según asegura. Por una parte, no tenía ya nada que alquilar y tuvo que acudir a otros dos establecimientos de su cadena para rellenar con algo más de 200 títulos las estanterías que quedaron prácticamente desnudas. "Aquí me dejaron sólo las carátulas y el asunto no se mueve en los juzgados", asegura desolado. Además, buena parte del material que se le requisó ha perdido todo su valor pues se trataba de estrenos o juegos recientemente salidos al mercado que al cabo de un año están casi descatalogados o ya no interesarán a sus clientes.
"Cuando me los devuelvan no sé que voy a hacer con todo ello. Me han dicho que reclame a la Administración de Justicia, pero es un proceso lento que nunca sabes cómo va a acabar", añade.
Sánchez Oliva no es el primer empresario del sector del videoclub que se ha topado con la lentitud de la Justicia; de hecho, la semana pasada este diario publicaba que al gerente de otra cadena de la ciudad lo iban a juzgar 16 años después de que le requisaran algo más de cien títulos de sus estanterías.
Sánchez Oliva se queja además de la actuación policial, "aún no entiendo lo que pasó porque no existió una denuncia que justificara que me desmantelaran el negocio; de hecho, aquí no vino ni el secretario judicial a levantar un acta, ni tampoco existe aún una relación exacta de todo lo que se llevaron que me hayan entregado". El empresario asegura que desde entonces acude al juzgado todos los meses para ver cómo va su asunto. "Los funcionarios ya me conocen y la respuesta siempre es la misma. No se puede realizar un informe pericial del material que me incautaron porque a los tasadores no les paga la Generalitat".
El diario ya publicó los problemas que la mayor parte de los juzgados de Elche sufren por los impagos a los peritos, lo que ocasiona que el número de informes que realicen sea mínimo. Prácticamente sólo los que afectan a causas urgentes o con detenidos. Mientras tanto, este ciudadano se queja del mal funcionamiento de los servicios públicos y de cómo el único perjudicado de todo asunto ha sido él y sus clientes del barrio.