Zaragoza se compromete a apoyar a los afectados por el deslinde de Costas

REDACCIÓN El Ayuntamiento de Santa Pola se ha comprometido a respaldar en sus acciones a los propietarios de las viviendas de primera línea de playa en Playa Lisa y Gran Playa que se ven afectadas por el deslinde que tramita Costas. El alcalde, Miguel Zaragoza, mantuvo ayer una reunión con una representación de afectados a los que trasladó el apoyo municipal en el proceso.

"Considero desmedido lo que se pretende hacer con casas que son de su propiedad desde los años 60, antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988", indicó el primer edil santapolero, quien apuntó que la solicitud de apoyo formulada por la Asociación de Propietarios de Viviendas y Chalets de Primera Línea de Playa Lisa y Gran Playa será trasladada al resto de los grupos municipales para que se pueda producir un pronunciamiento unánime. Zaragoza aseguró a los vecinos que el respaldo del Ayuntamiento de Santa Pola será concretado en el pleno ordinario que se ha de celebrar en septiembre.

Costas ha incoado un nuevo expediente de deslinde en Gran Playa y Playa Lisa que afecta a un centenar de viviendas. La asociación que se ha constituido agrupa a los propietarios de unas 80 casas afectadas. Su presidenta, Nieves Pastor, indicaba al término de la reunión celebrada ayer con el alcalde que "agradecemos el apoyo del Ayuntamiento para colaborar con nosotros en solucionar este asunto y confiamos que este apoyo sea mayoritario y extensible al resto de partidos, dada nuestra indefensión ante la Administración central".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Nacional de afectados por la Ley de Costas, el abogado José Ortega, también presente en la reunión celebrada ayer en Santa Pola, señalaba que "esto no es más que la demostración de que el Gobierno actúa con diferentes criterios, según su conveniencia".

Los vecinos reclaman que se tenga en cuenta la legalidad de unas viviendas que están construidas desde la década de los años 60 y que con el deslinde que planifica Costas pasarían a quedarse en suelo de dominio público y, por tanto, a estar sujetas a un régimen de concesión administrativa por un período de 30 años, prorrogable a otros 30 años más, si así lo considera la Administración central. Además de perder la propiedad de los inmuebles sin compensación de ningún tipo, los propietarios de las edificaciones estarían sometidos al régimen impuesto por Costas que les obliga a pedir permiso para cualquier actuación, por pequeña que sea, que se pretenda acometer en los inmuebles de primera línea de playa.