M. ALARCÓN
La sección VII de la Audiencia ha condenado a Vicente S. C. y a su esposa, Eugenia M. M., de 34 y 32 años, a penas de cuatro años de cárcel por estafar a un deficiente que no estaba declarado por su familia como tal, según recoge el texto de la sentencia. Los magistrados consideran probado que los denunciados se aprovecharon de la relación de trabajo y amistad con la víctima, que en varias ocasiones les invitó a comer en su casa, para urdir una trama y "sacar un provecho económico de tal relación".
Los hechos que han dado objeto a este procedimiento se remontan a finales del año 2000. Vicente S. C. trabaja como jardinero para la víctima que tenía un pequeño negocio y simuló un despido para reclamarle una indemnización de 1.800 euros. La sentencia entiende que la víctima no era en modo alguno acreedor de esta cantidad pero los denunciados, "comenzaron a engañarlo diciéndole que estaba obligado a ello y que, en caso de no acceder, le denunciarían".
Los procesados, se declara como probado en la sentencia, a cambio de finalmente no denunciar a la víctima y "conocedores de su carácter fácilmente influenciable", comenzaron a exigirle que pusiera a su nombre el piso y garaje que poseía en la calle San Rafael de San Miguel de Salinas. Para ello utilizaron además expresiones intimidatorias como "te voy a tirar al río" o "vamos a dar un susto a tu madre". El 8 de octubre de 2001 la víctima firmó ante un notario de San Javier (Murcia) la escritura de compraventa del piso y del garaje "sin que percibiera contraprestación alguna". A la fecha de los hechos el piso tenía un valor de mercado de 127.000 euros y el garaje de 16.200 euros, pero la falsa compraventa se formalizó por unas cantidades ínfimas de 34.257,69 euros y 4.801,1 euros, respectivamente.
Contrato
La relación entre la víctima y los dos denunciados no terminó allí porque el deficiente volvió a contratar a Vicente S. C. hasta que en 2002 su familia decidió darle de baja como autónomo "ante las deudas que contrajo y que eran consecuencia de su deficiencia mental y de su baja capacidad para llevar a cabo dicho negocio".
Ante esta situación, también el denunciado volvió a pasar al paro y a cobrar el desempleo y "con clara intenciones de continuar con el engaño" consiguió convencer al discapacitado para que le diera un poder especial ante el mismo notario de Murcia, lo que se produjo el 4 de febrero de 2002. Dos meses más tarde, los procesados utilizaron dicho poder para adquirir para ellos un segundo inmueble que la víctima poseía también en San Miguel de Salinas. A la fecha de la compraventa el valor de mercado era de 129.200 euros y figuró en el contrato un importe de 67.762,04 euros que tampoco pagaron.
Todos los informes forenses y médicos realizado con posterioridad a estas fechas determinaron que la víctima tenía un déficit cognitivo que le asemejaba a la edad mental de un niño de 7 años por lo cual los magistrados no tienen duda en considerar que los procesados se aprovecharon de él y obtuvieron un beneficio económico a través de una serie de compraventas cuyas escrituras la sentencia ha declarado igualmente como nulas.
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