Más de un millar de vecinos de Arenales exigen al Ayuntamiento la apertura de accesos a la playa

Un grupo de vecinos de Los Arenales del Sol, en Elche, han entregado hoy unas 1.500 firmas en el Ayuntamiento ilicitano para pedir que se cumpla una sentencia de 2006 que insta a dos comunidades a abrir unos accesos a la playa dentro de sus propiedades.

EFE Los propietarios de estas viviendas han solicitado también reunirse con el alcalde de Elche, Alejandro Soler, a principios de septiembre para explicarle la situación y pedirle que se "cumpla cuanto antes la sentencia" y que se abran los dos citados pasos peatonales.

Esos accesos, recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche, deben conectar diversos tramos de la avenida San Bartolomé de Tirajana con distintos puntos de las calles Islas Baleares e Islas Canarias.

Según estos vecinos, durante los últimos cuatro años, diversas personas han presentado sus quejas por la falta de accesos a la playa ante el Registro Civil municipal, pero el Ayuntamiento no les había contestado, por eso han decidido presentar las firmas recogidas en el consistorio ilicitano.

Más de 1.500 propietarios están afectados por el bloqueo de esos pasos peatonales, circunstancia que les obliga en la actualidad a dar "un gran rodeo" para poder acceder a la playa.

"Además de los vecinos, esta situación la sufren todos los que no son de aquí, pero vienen los fines de semana o cualquier otro día a los Arenales del Sol y que tienen que aparcar en estas calles", han informado a EFE las mismas fuentes.

En agosto de 1998, el entonces concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Ferrández, ordenó por medio de un decreto que se habilitaran cuatro pasos peatonales a través de unas urbanizaciones, tras realizar un estudio de detalle que fue aprobado por el pleno municipal.

Los propietarios tenían dos meses de plazo a partir de la notificación del decreto para ejecutar la apertura de los pasos, sin embargo, los vecinos de una de las comunidades recurrieron la decisión, primero, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y después, ante el Tribunal Supremo (TS).

En octubre de 2006, el Supremo dejó sin efecto la imposición de la apertura de los cuatro pasos en un plazo de dos meses, aunque la sentencia exponía que esto no era un impedimento para que la corporación municipal formalizara "la cesión de los dos pasos peatonales adscritos al uso público".