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DOMINGO LÓPEZ La Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costa de la Generalitat Valenciana, a petición de la diputada nacional y portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Mercedes Alonso, se ha ofrecido, pese a no tener competencias en la materia, a buscar una solución al problema de unas 800 viviendas, pisos, edificios y locales comerciales, de primera línea de playa de Arenales del Sol, afectados por el deslinde marítimo-terrestre aprobado en 1997 por la Ley de Costas.
El actual deslinde sustituyó al de 1974 y dejó en su día fuera de ordenación las viviendas de primera línea de playa. Los vecinos y propietarios afectados, por un lado, y el propio Ayuntamiento de Elche, por otro, han presentado recursos contencioso-administrativos ante "las irregularidades administrativas" que consideran que se han cometido con el deslinde actualmente vigente y porque se sienten gravemente perjudicados en sus derechos sobre unas viviendas que en su momento se construyeron sobre suelo urbano y que, de acuerdo con el deslinde de 1997, deberían ser derribadas.
Escrito
La Dirección General de Puertos ha remitido un escrito a los afectados por el deslinde vigente en el que comunica su ofrecimiento a trabajar con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Elche para "tramitar y aprobar una nueva delimitación de dominio público marítimo-terrestre entre los mojones M-34 y M-46 del deslinde que está en vigor, que a diferencia de éste, y como exige la ley, cuente con los estudios geomorfológicos necesarios y con la información fidedigna de los terrenos hasta donde han llegado las olas en los máximos temporales conocidos", según se indica en el documento.
El organismo autonómico también apunta que otra actuación sería "culminar la redacción y aprobar el proyecto básico de ordenación del frente litoral que se extiende desde la playa de Aigua Amarga (Alicante) hasta el Cabo de Santa Pola. Este proyecto básico, promovido por la Dirección General de Puertos, incluye al núcleo ilicitano de Los Arenales y respeta los objetivos y los principios fundamentales de la estrategia para la sostenibilidad de la costa promovida por el Ministerio".
Redactar un plan especial
En el escrito-informe de la Dirección General de Puertos de la Generalitat Valenciana se plantea también llevar a cabo en Arenales un "plan especial en el núcleo de población, con una nueva ordenación urbanística que mejore la calidad del espacio público urbano y se adapte en ese tramo a las modificaciones derivadas del nuevo deslinde que se reivindica", así como de las propuestas de ordenación del borde costero que deriven del proyecto básico de ordenación del litoral citado.
Mercedes Alonso anunció ayer que la Dirección General de Infraestructuras ya tiene muy avanzado el proyecto del plan especial y le pidió al Ayuntamiento que acepte esta oferta y se ponga a trabajar para buscar una solución "para todas las familias afectadas por el deslinde para que se puedan mantener los edificios de primera línea".
Los propietarios esperan una solución política
Alfredo Masó, presidente de la asociación de vecinos y propietarios afectados por el deslinde de Arenales del Sol, afirmaba ayer que la oferta de la Dirección General de Puertos de la Generalitat "nos abre una nueva vía en la búsqueda de una solución razonable para 800 familias. Tenemos muchas expectativas y esperanza", afirmó.
Masó admitió que la mediación de la Generalitat en este conflicto con varios años de pleitos judiciales es un factor nuevo y añadió que también es positivo "saber que existe un nuevo director general de Costas y que toda la cúpula directiva del organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente es también nueva. Esperamos otra actitud muy distinta a la que han mantenido los anteriores dirigentes".
Asimismo, Alfredo Masó destacó que "si la Administración local, autonómica y estatal se ponen a trabajar juntas, y llegan a un acuerdo, todos saldremos ganando. Llevamos ya muchos años con este problema, desde que se aprobó el nuevo deslinde. Hemos presentado recursos ante distintas instancias jurídicas, incluida la Unión Europea, donde se ha abierto una comisión para estudiar este asunto. La solución tiene que ser política", manifestó.
El representante de la asociación señaló que ayer mismo recibieron una comunicación del Ayuntamiento para mantener una entrevista esta misma semana. "Espero que la reunión sea para informarnos de las gestiones que se han podido realizar con el Ministerio", señaló.
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