La mayoría de los ciudadanos piensa que si un día no puede pagar la hipoteca del piso o de la plaza de garaje que compraron la entidad bancaria que le prestó el dinero se lo queda y ya está, pero no hay nada más lejos de la realidad y menos en una situación de crisis económica como la actual. Como ya publicó este diario, el 90 por ciento de las subastas de bienes hipotecados se están quedando desiertas en los juzgados y la ley permite a los ejecutantes de estos embargos, que en su inmensa mayoría son los bancos y cajas de ahorro, adjudicárselo por la mitad del precio de la tasación que quedó fijado cuando se suscribió la hipoteca.
Cuando esto sucede, que es en la mayoría de los casos, la entidad bancaria se queda la vivienda por un precio que es el 50% del valor real y, consecuentemente, la legislación le permite reclamar el resto del dinero que se le adeuda en un nuevo procedimiento en el que puede buscar otros bienes que tenga a su nombre el deudor.
Los secretarios judiciales, que son los máximos responsables de toda la tramitación de las subastas, están viendo numerosos casos de personas que pidieron el préstamo para un piso y que por esta fórmula legal han perdido dos y es posible que aún deban dinero porque tienen que correr con todos los gastos del procedimiento, como son las minutas de los profesionales que intervienen. Fuentes judiciales explicaron que las personas que están en dificultades económicas se están viendo envueltas en una auténtica "sangría" de gastos que les lleva a la bancarrota más absoluta.
Terceras personas
El ciudadano que tiene la desgracia de quedarse sin trabajo y al que le es imposible hacer frente a la hipoteca tiene pocas salidas en la actual situación, máxime porque nadie acude a la subasta y no existen terceras personas que, a cambio de quedarse la vivienda que él ha perdido, paguen al banco la deuda. Ante esta situación comienzan a verse por la ciudad carteles de deudores que han decidido dar publicidad a la subasta de sus propios bienes, lo que supone algo insólito que nunca antes se había visto en Elche.
El objetivo es encontrar algún ciudadano que esté interesado en aquello que a él le van a quitar y que considere que el precio de salida le interesa. De este modo, evita que su acreedor se lo quede por la mitad y pueda seguir reclamándole la diferencia.
Públicas
La inmensa mayoría de ciudadanos desconoce que las subastas son públicas y que cualquiera puede acudir a ellas, pujar y quedarse el bien. De hecho, las subastas parecían desde siempre un negocio de profesionales especializados, los denominados "subasteros", que se han dedicado a buscar la información en los juzgados y, a cambio de su labor de intermediación, han comprado para terceros un piso o un garaje cobrando una suculenta comisión. Pero en la situación actual no es así. El ciudadano, para acudir a la puja, debe depositar el 30% del valor en una cuenta bancaria de la Administración de Justicia y, en el caso de no adjudicarse el bien, se le devuelve al día siguiente. Sólo cuando gana la puja está obligado a pagar el resto en un plazo de un mes desde la fecha de la subasta.
