El 90% de las subastas se declaran desiertas por la falta de postores

M. ALARCÓN Hace once días un juzgado de Primera Instancia celebró con gran afluencia de postores la subasta de un piso de la calle Concepción Arenal que tenía un precio de salida de 79.000 euros. Lo que podría parecer algo muy normal, como es la puja por una vivienda embargada, se ha convertido en algo inaudito desde hace seis meses porque la inmensa mayoría de estos procedimientos -más del 90%, según afirman secretarios judiciales- se están quedando desiertos porque nadie acude a los mismos y, consecuentemente, no hay pujas. En los juzgados se está constatando cómo el imparable incremento de todo tipo de ejecuciones, tanto hipotecarias como de títulos judiciales y de no judiciales, que se presentan a diario -un 58% más que en 2007- está coincidiendo con un fenómeno de signo contrario, como es el hecho de que nadie acuda a las subastas.
Los "subasteros" -como se conoce popularmente en el argot judicial a las personas que se dedican de forma profesional a acudir a las subastas de bienes embargados para adquirirlos- siguen acudiendo regularmente a los juzgados para conocer qué fincas van a salir a subasta y a qué precios. Dicha información es pública para, precisamente, garantizar el que cualquier ciudadano pueda acudir libremente el día de la subasta si antes ha consignado o avalado el 30% del precio de salida del bien en la cuenta judicial. La realidad es que a la hora de la verdad las subastas ni tan siquiera se están celebrando porque el secretario judicial, cuando es la hora, constata que nadie ha acudido, no existe ingreso alguno en la cuenta de depósito y, consecuentemente, tiene que declarar que ha quedado desierta.
Entre los motivos para explicar este fenómeno está el hecho de que la parálisis del mercado inmobiliario se ha extendido ya de forma imparable y "quien se ha adjudicado dos o tres pisos pensando que los colocaría en poco tiempo se ha dado cuenta que en el sector no existe la más mínima alegría y, aunque pueda aparecer alguna buena oferta, lo cierto es que carece de liquidez suficiente y se encuentra con otros "subasteros" en las mismas circunstancias de competencia", aseguran en un juzgado. A ello se suma que el adjudicatario del piso embargado debe pagar el 70% restante en menos de un mes.

Extranjeros
La mayor parte de ejecuciones hipotecarias se dirige contra inmigrantes, un sector de la población que se puede considerar como el más débil a la hora de volver a encontrar trabajo y la falta de oferta en el mercado laboral ha terminado por asfixiarlos. Buena parte de las viviendas que se subastan han sido adquiridas hace muy pocos años lo que supone el que el capital a devolver esté prácticamente "intacto" y el precio de salida (que quedó fijado cuando el piso se hipotecó) es muy alto.
Ante esta situación la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al acreedor -en su inmensa mayoría se trata de cajas y bancos con los que se suscribió el préstamo hipotecario- adjudicarse el bien por el 50% o por la cantidad que se adeuda, lo que provoca que las entidades adquieran una gran cantidad de bienes inmovilizados, algo a lo que precisamente rehuyen en estos momentos en busca de liquidez.