Los jueces duplican sus informes para expulsar inmigrantes sin papeles

M. ALARCÓN En poco más de cinco meses los juzgados de Instrucción de Elche han tomado declaración a casi 200 inmigrantes sin papeles que han sido detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su expulsión. La cifra se considera insólita tanto en los juzgados de Instrucción como en la Fiscalía y dobla la registrada en 2007. El motivo de este incremento hay que buscarlo, principalmente, en los controles de seguridad que realiza tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía que han aumentado de forma exponencial en la comarca lo que, consecuentemente, permite detectar más personas en situación irregular.
Igualmente se está produciendo un fenómeno de llegada a la provincia, especialmente a las poblaciones de costa, de extranjeros que hasta ahora residían en grandes ciudades, caso de Valencia, Madrid o Barcelona, y que han recalado en casas de familiares en la provincia en busca de un mejor futuro ofreciéndose como mano de obra "barata".
Fuentes policiales consultadas por este periódico negaron de plano que el aumento de arrestos obedezca a una campaña de Interior, pese a que el Gobierno ya ha anunciado un cambio en su política en materia de inmigración; de hecho, está ofertando facilidades a aquellos extranjeros que quieran regresar a sus países.
Los juzgados están tomando declaración a los detenidos dentro de lo que se considera un trámite administrativo -porque la expulsión lo es- pero en el que la Fiscalía tiene que velar porque no se vulneren sus derechos y sólo se expulse a aquellos que reúnen los requisitos legales. De hecho, en aproximadamente un 15% de los expedientes los fiscales se están oponiendo a esta medida al considerar tras la declaración del detenido y en función de las pruebas que aporta que tiene arraigo en España.

Cuarenta días para realizar todos los trámites

Desde que se produce la detención hasta que se realiza la expulsión la brigada de Extranjería dispone de un plazo improrrogable de 40 días en el cual debe realizar una compleja tramitación burocrática que incluye desde la aceptación por parte del país originario del expulsado, lo que no siempre es fácil, hasta la adquisición de billetes para los agentes que lo trasladarán.
Pasado este plazo debe quedar en libertad e incoarse un nuevo expediente. El Gobierno, precisamente, trabaja en una modificación de esta legislación para que sea mucho más ágil.