Acudir a la Justicia, esperar durante años que los tribunales les dieran la razón y no obtener nada. Así se siente Enrique Rodríguez, el presidente de la Asociación de Afectados por la Ubicación de la Planta de Reciclaje de Basuras, después de conocer que la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia no está dispuesta a clausurar la instalación que les ha quitado el sueño durante diez años.
"¿Recurrir? Sí, vamos a recurrir y a agotar las vías, pero no esperamos que nada cambie. Nos temíamos que podíamos encontrarnos con una sentencia declarativa, como así ha sido. Que los magistrados, antes de echar el cierre, iban a valorar el bien social que pueda generar la planta y los millones de euros que se han gastado en ella. Todo ello ha pesado más que los intereses y los derechos de los vecinos que estamos afectados y que la propia legislación porque la sentencia nos dio la razón porque dice que la planta no puede estar a menos de 2.000 metros de las viviendas y en esta situación hay más de 700 familias afectadas".
El abogado de la asociación, Diego García, reitera en el recurso buena parte de los argumentos que ya expresó cuando solicitó la clausura, como eran "el requerir al Ayuntamiento de Elche a fin de que proceda a la revocación de la licencia y clausura de la actividad (...) por declarar la sentencia la nulidad del PGOU en cuanto a dicha ubicación".
Callejón sin salida
Para los vecinos la decisión del TSJ, en la ejecución de la sentencia, de no clausurar la instalación es "incongruente con la resolución que ha dictado la misma sala y que dice que es ilegal. Estamos en un callejón sin salida, pero vamos a recurrir. Nos nos queda nada más y, si podemos, llegaremos al Supremo". Enrique Rodríguez sabe que "volvemos a estar en proceso en el que podemos estar meses o años y, probablemente, nos encontraremos al final que la vida útil de la planta de basuras se acabe antes de conseguir su cierre por la vía legal".
Como publicó ayer el periódico, los magistrados de la Sección Primera consideran que la sentencia se ejecuta simplemente ordenando al Ayuntamiento a que modifique el PGOU para que conste que en la Sierra de Els Cremats no cabe una calificación urbanística que permita ubicar una planta de reciclaje de residuos sólidos como la que ya existe. "Ahora es complicado -añadió Enrique Rodríguez- pensar en otro tipo de procedimientos, caso de reclamaciones de tipo ambiental por las emanaciones de la instalación o por los olores que genera. De hecho, en estos diez años se ha hecho cada vez más complicado reunir a los vecinos y muchos hemos seguido por amor propio".
