Los vecinos se lamentaban ayer del "largo brazo" que tiene la Administración para acudir a cualquier procedimiento judicial y recurrir cuantas veces sea necesario porque el dinero que cuesta estos procedimientos sale del erario público, mientras que el particular que decide ir a juicio para que se reconozca sus derechos tiene que pagarlo de su propio bolsillo. La vía del recurso, añaden las mismas fuentes, permite a la Administración poder seguir adelante con sus proyectos, aunque hayan sido puestos en duda o cuenten con sentencias desfavorables en primera instancia, porque a nadie se le ocurre solicitar la paralización de los trabajos por las elevadas fianzas que exigen los tribunales.

En este caso, el Ayuntamiento de Elche, después de la sentencia de 2003 del TSJ que daba la razón a los vecinos de la planta de basuras, decidió contratar para el correspondiente recurso los servicios de un prestigioso bufete de abogados, con sede en Madrid y especializado en recursos contencioso-administrativos, lo cual no le evitó que el Supremo igualmente desestimara la tesis. Y es curioso también comprobar cómo el Ayuntamiento de Elche, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó (dependiente de la Diputación Provincial) y la Generalitat Valenciana no sólo perdieron este recurso ante el Tribunal Supremo sino que se les condenó por la sala a pagar las costas de la otra parte; en este caso, las minutas del abogado y del procurador de la asociación de afectados.