Algo más que una chapa

Un policía despierto y fuera de servicio sospechó el pasado mes de julio de dos hombres que pasadas las diez de la noche se encontraban desmontando un Toro de Osborne situado en las Salinas de Santa Pola. Avisó a la Jefatura Local de Policía y una patrulla llegó en pleno desaguisado, con piezas por todas parte y una furgoneta ya cargada. Se trataba de dos chatarreros de San Vicente del Raspeig que iban a venderlo como metal sin saber que habían destruido una "herencia cultural y artística", tal y como declaró el Congreso en 1994.

M. ALARCÓN El proceso judicial contra los dos chatarreros se encuentra en plena fase de instrucción, pero ya parece más que claro que el delito que se les imputará es uno de los relativos al patrimonio histórico. Concretamente, el artículo 323 castiga con penas de entre uno y tres años de cárcel a aquellos que "causen daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" y los Toros de Osborne lo son por una proposición de ley que aprobó el Congreso de los Diputados hace 14 años y que amplió la protección que ya entonces les daba el Gobierno andaluz, que los había declarado parte de su patrimonio.
Tres años más tarde, en 1997, y al no darse el Gobierno por enterado, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la cual decía, entre otras cosas, que esta figura de metal había perdido su carácter publicitario (ya había desaparecido el logotipo de Osborne) hasta el punto de integrarse como una parte más del paisaje y que, por tanto, no se podían tocar. Esta resolución impidió al Gobierno seguir eliminándolos de las carreteras como venía haciendo desde el año 1987.
Como acusación al proceso abierto en Elche ha comparecido la empresa Osborne y el abogado del Estado porque se trata de un elemento del patrimonio español. La firma andaluza ya ha pedido quedarse como única acusación porque es quien paga y mantiene estos monumentos y no entiende qué interés mueve la personación del representante del Gobierno. De hecho, valora en alrededor de 12.000 euros los gastos derivados de la fabricación de la nueva valla, lo que se hace de forma artesanal en el Puerto de Santa María. El juicio, probablemente, se abrirá el próximo otoño en un juzgado de lo Penal.