La sanidad de los consumidores

MIGUEL LÓPEZ El debate semioculto para la mayoría de los usuarios y consumidores ilicitanos que se mantiene sobre el modelo sanitario a seguir plantea la adopción de posturas claras acerca de los puntos claves como son la financiación del sistema y el modelo y la calidad del servicio a los usuarios. Sabemos que la distribución actual de recursos para los diferentes sistemas existentes en el territorio nacional sólo tiene en cuenta criterios de densidad de población y en esta situación está incluida también la Comunidad Valenciana.
Este debate y este planteamiento sobre el modelo parece ser que no interesa actualmente y, en especial, el modelo público beneficiario universal de todos los consumidores de la Comunidad Valenciana. Y este desinterés nos está afectando de forma negativa a nuestra comarca, la del Baix Vinalopó, y muy especialmente al municipio de Elche. Esta posible clarificación, incluso, está enmascarando la polémica acerca del prestador de los servicios actuales.
Con estas premisas nos vemos obligados a solicitar la necesidad de un cambio y de un debate serio y riguroso donde poder exponer nuestra reflexión como usuarios y consumidores. Este debate debe plantearse no solamente como servicio y condición pública o privada, sino también incluir la falta de criterios previstos en cuanto al funcionamiento de los servicios sanitarios que recibimos, muchos de ellos carentes de garantías para el usuario. A todo ello hay que añadir el padecimiento y desconocimiento de los parámetros de si los servicios, públicos o privados, reúnen unas condiciones mínimas de calidad y de la optimización de sus recursos.
Este añadido se refleja claramente en los criterios meramente economicistas que se están aplicando, tanto públicos como privados, donde se aprecia una merma descarada de las prestaciones sanitarias, por sus recortes de medios, personal, plantillas, infraestructuras, e instalaciones.
En cuanto al ahorro en el gasto sanitario como una de las claves para que el sistema siga prestando el mismo nivel de cobertura, tanto en la asistencia sanitaria como en la prestación farmacéutica, dudamos también los usuarios y consumidores de que se esté utilizando para una mejor gestión de los recursos y no se estén derivando y desviando para a otros menesteres. Ejemplos múltiples y variados de esta precariedad los tenemos. Vaya por delante algunos: en España, la ratio de camas por cada mil habitantes es de 3,62, según el Catalogo Nacional de Hospitales del 2007. Alicante cuenta con el 2,82 y Valencia el 2,78, mientras que la mayoría de las provincias tienen ratios superiores como Tarragona, que tiene un 5,08; Huesca, con un 3,61; Santander con el 4,37; Cáceres con el 4; Palencia, con el 5,22, o Murcia con el 3,36.
Otros ejemplos comparativos son los datos oficiales disponibles a nivel del Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, de la ratio de médicos de familia por cada 1.000 habitantes, donde se observa la situación de la Comunidad Valenciana, prácticamente en la última posición. En Andalucía la media es de 0,70; Castilla y León 1,09; Castilla La Mancha el 0,79 o Extremadura el 0,82 y la media de España 0,68
Otro medidor cercano y actualizado es el del IV Informe sobre los Servicios Sanitarios de CCAA de septiembre de 2007 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, donde se han utilizado doce parámetros contrastados desde el gasto per cápita en 2007, el gasto farmacéutico, las camas por 1.000 habitantes, etc.. y ha arrojado como resultado en su clasificación de las comunidades autonómicas las siguientes comunidades autónomas con buenos servicios sanitarios: Aragón y Navarra, Cantabria, Asturias y País Vasco. Las comunidades con servicios sanitarios aceptables son Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y León, Cataluña y La Rioja. Las comunidades con servicios sanitarios regulares como Andalucía y Baleares y Galicia y las comunidades con servicios sanitarios deficientes como Canarias, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. La nuestra, la última.
Y si no es suficiente con estos ejemplos, podemos añadir los problemas más cercanos y próximos a los usuarios de Elche como son la tercera unidad de SAMU, la anestesia epidural durante las 24 horas del día, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, la saturación de las Urgencias, el cambio y envío repentino de pacientes al hospital de Torrevieja y Vega Baja, la ausencia de los centros de salud del Altet y de Altabix, y otras muchas necesidades como son la disponibilidad de accesibilidad a discapacitados sensoriales, a la habitación individual, a la participación comunitaria, a la participación sanitaria, al respeto del testamento vital o voluntades anticipadas y un largo etcÉ
En base a la premisas anteriores, los usuarios y consumidores reclamamos a los órganos competentes, como la Generalitat Valenciana, una financiación de la sanidad pública, única y vía presupuestos; una distribución de los recursos teniendo en cuenta ratios sobre densidad, estructura y movilidad demográfica y sobre envejecimiento poblacional. Además, la certificación o acreditación de la calidad de los procesos sanitarios, otorgadas por entidades sin ánimo de lucro (AENOR o ENAC); el mantenimiento del nivel actual de prestaciones sanitarias, la potenciación de la Atención Primaria como filtro a la atención especializada, aumentando las dotaciones económicas para la atención domiciliaria con el fin de aliviar, y así disminuir el gasto, la asistencia sanitaria hospitalaria, la exigencia de protocolización de diagnósticos y tratamientos para la eliminación y reducción de pruebas diagnósticas innecesarias. También la disminución del porcentaje de gasto destinado a la promoción, información y publicidad de los medicamentos y la adecuación de las dosis a los tratamientos como medios para el ahorro en la factura farmacéutica, así como la adopción definitiva de los medicamentos genéricos. El no a listas positivas o negativas de medicamentos y la reducción del coste de los medicamentos en los tratamientos de enfermedades crónicas. q