M. SABUCO
E
l estudio sobre los bloques 11, 12, 13 y 14 del barrio de San Antón pasó ayer sin pena ni gloria por la comisión municipal de Urbanismo. Tras la exposición realizada por el gerente de la empresa municipal Pimesa, Antonio Martínez, sobre el contenido del informe realizado por Eurolosa, y solicitar el PP que le fuera entregada al completo la documentación, no hubo debate, ni intervención alguna sobre una cuestión que no irá al próximo pleno, ni a la Junta Local de Gobierno y que se ventiló en una comisión que apenas duró diez minutos, según indicó el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, quien se sorprendió de que "la oposición no haya realizado pregunta alguna, porque el equipo de gobierno conoce el trabajo, no le es necesario hacer preguntas a los técnicos".
"El estudio no ha costado, como dice el PP, 400.000 euros, sino 300.000 y no es algo que hayamos hecho como un capricho, sino que fue solicitado por la propia Generalitat y es necesario para poder solicitar ayudas económicas al Estado, dentro del plan de la vivienda", explicó el concejal del PSOE, titular del área de Urbanismo, quien subrayó que el estudio se llevó a la comisión, "para mayor transparencia".
El estudio sobre los cuatro bloques del barrio de San Antón, en el que se descarta desde el punto de vista técnico y económico la rehabilitación, fue el único asunto abordado en la comisión de Urbanismo ayer. El portavoz adjunto del PP, Manuel Latour, indicaba al término de la reunión que "la rehabilitación es muy cara. Hemos solicitado el anexo dos para estudiarlo y nuestra opinión es que esa actuación debe hacerse cuanto antes", expuso el concejal popular, quien destacó el hecho de que "no sea necesario proceder al realojo de los vecinos, gracias al sistema de construir primero un edificio y cuando esté hecho, traspasar a los vecinos de un bloque y proceder a su derribo".
El Ayuntamiento ha decidido entregar una copia del trabajo sobre el estado estructural de los cuatro bloques de viviendas del barrio de San Antón a cada uno de los propietarios para zanjar cualquier tipo de duda y polémica al respecto. El informe, elaborado a petición de la empresa municipal Pimesa, ha sido enviado a la Dirección General de Vivienda, organismo del que depende el IVVSA.
Desde Compromís, socio en el gobierno local del PSOE, no se hizo manifestación alguna.