Vecinos de La Marina exigen que se anule y rehaga el sector MR-10

M. SABUCO Vecinos de La Marina han decidido constituir una comisión de afectados en contra de la ordenación diseñada por el Ayuntamiento de Elche para el sector MR-10 que ejercerá todo tipo de medidas encaminadas a "exigir que se paralice este proyecto y se rehaga partiendo de cero, consultando a los vecinos y aplicando la Ley Urbanística Valenciana, que por una vez hay una ley que protege a los pequeños propietarios", manifestó ayer Mamen Bellot, vocal de Urbanismo de la Asociación de Vecinos de La Marina Pino-Mar, tras mantener una entrevista con el director territorial de Urbanismo y técnicos de la Conselleria de Territorio.
"Estamos hartos de que nos tomen el pelo", aseguró Bellot en referencia al Ayuntamiento de Elche, tras tener conocimiento de que "la Ley Urbanística Valenciana, en el artículo 29.1, no permite que se derriben casas que están consolidadas. ¿El Ayuntamiento no sabe interpretar las leyes? ¿tenemos que ser nosotros? Que se aclaren, porque nos están haciendo un daño gratuito e innecesario. Nos dicen que están estudiando varias ordenaciones para salvar las casas y resulta que por ley esas casas no se pueden tocar", expuso la portavoz vecinal en asuntos de Urbanismo, quien señaló sentirse indignada con la posición que ha venido manteniendo el Ayuntamiento en todo este asunto. Las bases aprobadas por el Ayuntamiento contemplan la desaparición de unas 40 casas.
El artículo 29.1 de la LUV señala que las edificaciones consolidadas pueden incluirse en un régimen de actuaciones aisladas. "Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que los desarrollen podrán prever, para las parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano. Será obligatorio este tratamiento cuando se trate de viviendas unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas".
Además, los vecinos quieren que se reduzca el número de viviendas a construir en este sector, 1.200. "Ése es el máximo que contempla el Plan General y al consultar con la Dirección Territorial de Urbanismo nos hemos enterado de que el Ayuntamiento no está obligado a indemnizar si baja el número de viviendas, ni siquiera si lo calificara como rústico. Queremos que no se hagan edificios, sino casas con parcela".
Los vecinos fueron acompañados por la portavoz del PP, Mercedes Alonso, quien manifestó que "el informe que han pedido ahora era preceptivo antes de la aprobación de las bases, no ahora. Se puede hacer una urbanización con menor densidad de viviendas y no habría que indemnizar", ratificó Alonso, quien explicó sobre la polémica con respecto a las 40 viviendas del sector que "las bases aprobadas incumplen la Ley Urbanística Valenciana, porque esas 40 casas son áreas consolidadas. El departamento medioambiental dirá por dónde va la línea, pero siempre respetando las viviendas y, por tanto, la LUV. El Ayuntamiento debe ajustarse a la ley y no crear problemas".