Los policías que custodiaban al nigeriano muerto serán juzgados por una falta

M. ALARCÓN E
l juzgado de instrucción 1 de Elche ha dictado un auto por el cual abre juicio oral contra los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban a Osamuyi A., de 23 años, el nigeriano fallecido el 9 de junio de 2007 durante un vuelo regular de Iberia entre Barajas y Lagos en el que era deportado. Por este motivo, la aeronave aterrizó de emergencia en El Altet, que era el aeropuerto más próximo, haciéndose cargo de las diligencias el juzgado de Elche.
La magistrada, con base en las diligencias practicadas durante estos once meses, considera que los dos funcionarios del Ministerio del Interior pudieron cometer una falta de imprudencia leve con resultado de muerte por lo que ha dado traslado a las acusaciones (fiscalía y familiares del fallecido); así como a la defensa de sus conclusiones para que presenten sus escritos o sus recursos. En el caso de que se abra juicio oral por una falta sería este mismo juzgado el que tendría que enjuiciar lo ocurrido en fecha aún por determinar.
Para llegar a la convicción de que los agentes supuestamente cometieron un ilícito penal la magistrada se ha basado, explica en su auto, en las declaraciones de los propios agentes que prestaron testimonio como imputados y en el interrogatorio realizado al personal de Iberia que iba en el mismo avión. Otro argumento de peso para la magistrada es el informe efectuado por los dos médicos forenses que realizaron la autopsia y que determinaron que la muerte se había producido por una asfixia; probablemente causada por un esparadrapo que le colocaron sobre la boca. Como ya ha publicado este periódico, según la versión de los policías, el nigeriano ofreció una enorme resistencia e intentó morderles para retrasar su expulsión de España. Por este motivo fue atado dentro de la aeronave y amordazado.
El letrado que representa a la familia de Osamuyi en este procedimiento, Pedro Víctor de Bernardo, se ha expresado a favor de abrir juicio oral contra los dos agentes por un delito y no por una falta, lo que conllevará la presentación de un recurso contra este auto. La Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto de estos hechos, aunque fue su actuación la que llevó al juzgado a imputar a los dos funcionarios.

Interior
La magistrada considera sin más dilaciones que la fase de investigación está concluida, máxime después de que el Ministerio del Interior contestara la semana pasada al tercer requerimiento realizado por el juzgado para que le aclarara si existía o no algún protocolo sobre cómo tenían que llevarse a cabo estas deportaciones.
Tal y como ya avanzó este periódico, cuando ocurrieron los hechos no existía orden alguna que sirviera a los agentes para saber qué es lo que podían o no hacer en estos casos. De hecho, el citado protocolo se aprobó semanas después de ocurrir este luctuoso suceso.