El Consejo Social muestra su extrema preocupación por la deuda a la UMH

J. M. GRAU E
l Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha mostrado su extrema preocupación por la situación de deuda que mantiene la Generalitat no sólo con esta institución docente, sino de forma solidaria con el resto de campus públicos valencianos.
Durante la última sesión ordinaria del Consejo Social, celebrada en Elche esta semana, uno de los asuntos principales que se debatió fue la situación de las cuentas generales de la institución académica y la incidencia que está teniendo en las mismas el hecho de que el Consell no haya realizado todas las transferencias que acordó en su día, así como que tampoco haya asegurado para la presente anualidad las cantidades anunciadas.
Esto último obligó a la UMH, a la hora de elaborar sus presupuestos de cara al presente 2008, a hacer una previsión de ingresos procedentes de la Administración autonómica inferior a la que se había suscrito en las mesas de negociaciones, con lo que la institución docente sigue estando limitada a la hora de poder completar de una vez por todas las infraestructuras educativas, sobre todo en el campus de Elche.
La Generalitat adeuda a la Universidad Miguel Hernández más de 34 millones de euros, unas cantidades que no permiten al Rectorado marchar al ritmo deseado en cuanto a la evolución de las numerosas obras pendientes, principalmente en el campus de Elche, pero también en las otras tres sedes: Altea, Orihuela y Sant Joan.
Por este motivo, en la pasada reunión del Consejo Social, en el punto de ruegos y preguntas, se puso sobre la mesa una propuesta de elevar al rector, para que a su vez lo traslade al Consell, la gran inquietud existente por esta serie de impagos, pero también por la fórmula con que la Administración autonómica quiere hacer frente a los mismos y que pasaría por pagar poco a poco lo que debe a las universidades hasta la fecha de 2023.
Esta iniciativa del Consell ha provocado también la indignación del Consejo Social de la UMH, al igual que ha ocurrido en otras universidades, al entender que esta fórmula sólo acarreará más problemas financieros.
De igual modo esta fórmula de empaquetar toda la deuda -la pendiente y acordada en 2005, la que dejó de entregar en 2007, y la que ya se ha declarado incapaz de abonar para 2008- fue interpretada desde distintos sectores del Consejo Social, como una forma clara de laminar poco a poco el prestigio de las universidades públicas en favor de las privadas.
Así las cosas, el Consejo Social, por unanimidad, aprobó hacer llegar al Rectorado la postura crítica de este órgano de participación de la sociedad en la Universidad a fin de que el máximo responsable del ente académico también se sienta respaldado a la hora de reclamar los recursos que se le adeudan a la institución en Valencia.