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M. SABUCO
E
l sector local de la construcción lanzó ayer una llamada de socorro al Ayuntamiento de Elche al que solicita formalmente una moratoria por unos años en la aplicación del cobro real del impuesto de construcciones, para el que la Administración local ha encargado a Suma revisiones de los últimos cuatro años que se calcula pueden reportar unos ingresos del orden de un millón de euros anuales, así como la agilización de una quincena de programas de actuación urbanística en diversos sectores de la ciudad, lo que facilitaría la construcción de un millar de viviendas de protección.
"No tiene lógica que nos hagan la aplicación completa del impuesto de construcciones con cuatro años de demora, porque supone aprovechar los años en los que el sector más ha construido y cobrar cuando el sector peor está, cuando las viviendas están vendidas y la contabilidad cerrada. Esto rompe cualquier previsión empresarial", dijo el presidente de la Asociación Técnico Empresarial de la Construcción (Ateco);, Diego García.
El portavoz de la patronal cifró en un 70% el descenso de la actividad del sector en la ciudad, en lo que a inicio de obra nueva se refiere, y cuantificó en 6.000 los puestos de trabajo que se han perdido. La entidad facilitó los datos nacionales, pero no los locales, en lo que a cierre de empresas se refiere. "No tenemos datos sobre el número de empresas que han desaparecido o pueden hacerlo. Lo que sí hemos observado es la destrucción de empleo y la deslocalización de las empresas que se han ido a otros países".
En momentos de crisis, la iniciativa privada vuelve la mirada hacia el sector de la vivienda protegida sin descuidar la segunda residencia, dos segmentos que mantienen la demanda. "Nunca hemos desatendido la construcción de VPO, pero ha habido dificultades para hacerla en Elche, porque ha habido un monopolio y no nos han dejando entrar hasta ahora".
El portavoz de la patronal destacó que tienen firmado con la Generalitat construir 1.500 viviendas protegidas en el sector E-48, junto al campus universitario, así como que se ha llegado a un acuerdo para que en verano el Ayuntamiento saque a concurso solares a precio tasado en los que las empresas podrán construir vivienda protegida. "Pediríamos también la aprobación inmediata de más de 15 sectores en los que las empresas se han jugado sus inversiones, ya que en cada uno de ellos hay un porcentaje importante de vivienda protegida. En total, unas 1.000 VPO. Ésta sería una medida eficaz, ya que soluciona el problema de hoy, no dentro de dos años como sería en el caso del sector E-48 o dentro de cinco años, como sería el caso del convenio con el Sepes", explicó Diego García, quien añadió, por otra parte, que la patronal hará un estudio sobre las viviendas que no se han podido vender desde hace seis meses y sobre las que no se pudo facilitar ni una aproximación.
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