El juzgado rebaja a menos de la mitad las multas por infracciones urbanísticas

M. ALARCÓN E
l juzgado de lo Contencioso 1 de Elche está obligando al Ayuntamiento ilicitano a rebajar a menos de la mitad las multas que estaba imponiendo por las infracciones urbanísticas, según varias sentencias de la magistrada Maria José Alonso a las que ha tenido acceso este diario. La jueza reprueba el hecho de que se estuviera aplicando por los responsables municipales el tipo máximo que permite la normativa vigente en el momento de descubrirse la ilegalidad, que era del 20% del valor de lo construido en suelo no urbanizable. Para la titular del juzgado, el Ayuntamiento de Elche tampoco puede seguir cobrando a los infractores, dentro del concepto de la sanción, el denominado beneficio industrial obtenido, que era de otro 6%, porque considera que algo que tiene como destino la demolición -porque es ilegal- no puede obtener su propietario una ganancia y, consecuentemente, cobrarle un porcentaje añadido en la misma multa.
Según fuentes municipales, a raíz de estas sentencias el Ayuntamiento se está viendo obligando a "rascarse" el bolsillo y a devolver importantes cantidades económicas que había cobrado a los infractores. Ahora bien, los reintegros desde las arcas municipales se están haciendo con "cuentagotas", según letrados especializados en materia de Urbanismo que han sido consultados por este periódico. Multas que el Ayuntamiento de Elche había girado al cobro por valor de 15.000 euros se están quedando en cantidades de 6.000 y 7.000 euros, lo que supone devolver por las arcas municipales entre 8.000 y 9.000 euros.

Vuelco
La tesis que sostiene la magistrada en las sentencias ha supuesto un vuelco inesperado para el Ayuntamiento y para la asesoría jurídica porque los anteriores jueces que había tenido este juzgado de lo Contencioso habían desestimado, por línea general, los argumentos esgrimidos por los recurrentes al considerar lícito que el Ayuntamiento de Elche aplicara el tipo máximo de sanción. Probablemente por este inesperado giro jurisprudencial, contra el que no cabe recurso por la cuantía, el ex concejal de Urbanismo, Emilio Martínez, declaraba esta misma semana la necesidad de que los técnicos municipales acudan al curso sobre reforma urbanística que va a poner en marcha el Colegio de Abogados porque "conviene una actualización sobre cómo se están aplicando las primeras sentencias de esta legislatura".
La titular del juzgado entiende que el Ayuntamiento no puede aplicar el porcentaje máximo que le permite la legislación discrecionalmente y sin justificar, como se deduce de los expedientes aportados en el juzgado.
Se da la circunstancia de que muchos ilicitanos con obras ilegales prefirieron pagar la sanción y no recurrirla con lo cual ha prescrito la posibilidad de acudir ahora al juzgado para reclamarla aunque el porcentaje que se estaba aplicando fuera excesivo y contrario a Derecho por lo que en definitiva han terminado pagando de más.