El TSJ sentencia que el sector MR-9 es ´aceptable´ a efectos ambientales

M. SABUCO / M. ALARCÓN E
l Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de fallar que la ordenación urbanística en el sector MR-9 de La Marina, realizada a través del plan parcial aprobado por el Ayuntamiento en marzo de 2006, "parece ser perfectamente compatible con la realidad medioambiental que se pretende proteger", considerando el tribunal que "la Declaración de Impacto Ambiental es correcta en todos sus pronunciamientos y, en consecuencia, "aceptable a efectos ambientales" la ordenación propuesta", rechazando de esta manera el recurso que interpuso la asociación Amigos de los Humedales del Sur de la provincia de Alicante contra el plan aprobado por el Ayuntamiento para esta zona de El Pinet.
La sala ha tenido en cuenta que las obras de urbanización "están prácticamente terminadas, se ha ejecutado un 97% de las mismas y, de igual forma, están terminadas un porcentaje importante de viviendas, escrituradas y entregadas a sus titulares". En concreto, un certificado de 13 de junio de 2007 situaba en 295 las viviendas terminadas, de las que 284 habían sido vendidas y estaban ocupadas por sus propietarios, 42 de los cuales comparecieron en la causa judicial. Otras 294 viviendas se encontraban en esa fecha a la mitad de su ejecución.
El TSJ concluye después de un exhaustivo análisis, realizado en una sentencia de 26 folios, que "parece que no existe agresión al medio ambiente" en el desarrollo del sector MR-9, entre otras cuestiones porque siempre ha estado calificado como suelo urbanizable y, por tanto, "destinada a ser programado para la ejecución de una urbanización". Además, destaca el fallo judicial, el sector "es de reducida extensión en relación con la superficie del parque natural de Las Salinas, no está dentro de las áreas sensibles del mismo por razones biológicas, ni integrado en enclaves geológicos de interés patrimonial o sujeta a afecciones territoriales específicas. Aunque es verdad, y de aquí las medidas cautelares, formaba parte de su perímetro de protección".
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia era esperada con cierta ansiedad, tanto por parte de las empresas promotoras que actúan en la zona, como por parte del Ayuntamiento. El letrado urbanista Diego García, de la empresa Urbanistas y Abogados, representante legal de San José Inversiones, expresaba ayer su satisfacción por la conclusión de un proceso judicial que se ha prolongado durante diez años.
"Se desestima íntegramente el recurso que hizo AHSA y tras la sentencia cobra pleno valor el plan parcial y el proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento. Ahora, éste tiene las manos libres para aprobar el proyecto de reparcelación, al igual que las licencias de obras pendientes y las cédulas de habitabilidad", explicó Diego García, al tiempo que añadió que "confío en que no se vuelva a incurrir en situaciones como ésta". En principio, la empresa no prevé reclamar indemnización por el año y medio que ha estado suspendido el proceso. "Nuestra intención es mirar para adelante y solucionar los problemas de la empresa. No se reclamará, salvo que se ralentice el proceso en el Ayuntamiento", dijo Diego García. Por su parte, Francisco Prats, representante legal de Gavair, se mostró también satisfecho porque se haya desbloqueado el sector.