El Defensor del Pueblo recurre la Ley de Dependencia Valenciana

REDACCIÓN El Defensor del Pueblo presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat sobre la Ley de Dependencia, según fuentes de esta institución. En concreto, ha recurrido la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos para 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en seis meses.
Esta disposición, introducida a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de "silencio administrativo", que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el silencio administrativo pasa de "positivo" a convertirse en "negativo", como explica Enrique Mújica. "Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal", señalaron fuentes de la institución.
Estas mismas fuentes critican que esta reforma se "haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver" con la dependencia. "Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica", apostillan.
Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat de "obstaculizar" la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones "de especial vulnerabilidad". Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, "ha boicoteado" la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor.
El Defensor del Pueblo entiende que "no puede permanecer impasible" ante la entrada en vigor de esta disposición "mediante un procedimiento impropio", que, además, "afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección". La Generalitat asegura que el recurso se refiere "a algo meramente formal".