Urbanismo cambia dos de los proyectos de La Marina y sólo derribará una casa

M. ALARCÓN L
a comisión municipal de Urbanismo dio ayer por zanjada la polémica con los vecinos de los sectores urbanísticos MR-3 y MR-5 de La Marina que hace dos semanas tuvieron que echarse a la calle, junto a los del MR-10, para evitar que la construcción de 1.700 viviendas prevista por el Ayuntamiento no se realizara a costa del derribo de algo más de 70 casas tradicionales. El concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, aseguró al término de la comisión que se han atendido buena parte de las alegaciones de los afectados de ambos sectores y que, después de realizar diversos cambios de ordenación, sólo será preciso derribar la casa de una de las personas que ha presentado alegaciones.
Dicha vivienda, según precisó el concejal, se encuentra en la avenida de La Alegría, en mitad del bulevar que se proyecta como la arteria de comunicación más importante de la pedanía y afirmó que ya en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); del año 1998 se establecía que tenía que desaparecer dicha edificación por lo que nadie tenía que llevarse a sorpresa. Alejandro Pérez dijo que la citada vivienda cuyos propietarios tendrán que ver cómo se derriba está en el sector MR-5, el primero que se aprobó el pasado mes de octubre, y que las modificaciones que se plantean no supondrán una modificación de las bases aunque sí ajustes de detalle. De este modo, la rotonda exterior al sector mantendrá el tamaño previsto en el PGOU, lo que evitará otro derribo al posibilitar una modificación en el ancho de una de las calles del sector por ampliación de otra vía paralela.
En cambio, con respecto al sector MR-3, que se aprobó en noviembre, las modificaciones hacen innecesario el derribo de viviendas cuyos propietarios hayan presentado alegaciones. En este sector sí será necesario una modificación de las bases del concurso por lo cual se llevará a la próxima sesión plenaria del próximo 1 de abril.

Cambios
"Los cambios serán por una parte la concreción del suelo rotacional", dijo el edil de Urbanismo, quien añadió que se hará "manteniendo la misma superficie en el eje principal" pero se modificarán las zonas verdes para salvar las viviendas que en un primer momento estaban afectadas.
El concejal de Urbanismo, en cambio, insistió que el sector MR-10, el más importante de los tres previstos por el Ayuntamiento para La Marina pues en él van 1.200 de las 1.700 viviendas proyectadas, se esperará a lo que diga la Generalitat. En este sector se plantea ampliar la línea de edificabilidad hacia la pinada de La Marina o hasta el límite que marca el PGOU.
Ahora bien, según Alejandro Pérez, en 2001 la Generalitat declaró la pinada Lugar de Interés Comunitario (LIC); por lo que quieren "conocer la opinión de la administración competente en medio ambiente" antes de contestar a las alegaciones. El Ayuntamiento se ha dado un plazo de tres meses para resolver los recursos del MR-10 presentados por los vecinos a la espera de obtener antes de esa fecha una respuesta de la Generalitat y saber si "se puede o no modificar esa línea como han planteado los vecinos en sus escritos".
En otro orden de cosas, el concejal de Urbanismo criticó ayer el retraso en la aprobación del Plan Especial de Protección de la Plaça Baix de lo que culpó a la Generalitat Valenciana porque, aseguró, lo está ralentizando desde el 31 de mayo de 2007. Ante esta situación afirmó el edil socialista que se va a proponer su aprobación provisional.
"No existen bienes afectados por este plan y así se le hizo saber a la Generalitat que sólo hace que poner trabas y dificultades a la labor de este Ayuntamiento", dijo Alejandro Pérez, quien dijo que la Administración autonómica está plagada de "burócratas. Es lenta y farragosa. La Generalitat Valenciana no se ocupa de Elche y cuando lo hace es para pedir más burocracia". El plan cuya aprobación provisional se aprobó ayer incluye además de la Plaça de Baix diversas calles adyacentes, caso de Troneta, Alfonso XII o la Plaça de la Fruita.

A vueltas con la Ciudad de la Justicia de Elche

En otro orden de cosas, el concejal de Urbanismo manifestó que la Generalitat ya ha enviado el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia, pero no el de ejecución o los de seguridad que son fundamentales para poder dar la licencia de obras. Aún y así manifestó que "si no existen deficiencias se podrá dar la licencia".
Alejandro Pérez aprovechó la ocasión para criticar el hecho de que el presidente Francesc Camps colocará la primera piedra de este proyecto el 9 de enero y que "tres meses más tarde" de los trabajos sólo exista el vallado que se ha terminado de levantar esta misma semana.