Vecinos de Arenales del Sol se querellan contra el ex director de Costas de 1997

M. SABUCO L a asociación de propietarios de edificios de primera línea de Arenales del Sol afectados por el deslinde en esta zona del litoral ilicitano presentaron el pasado 18 de enero de este año una querella en la Audiencia Nacional contra el director general de Costas en 1997, Fernando Marín Castan, quien firmó la orden ministerial de deslinde en Arenales.
A Martín Castan le acusan los vecinos de un presunto delito de prevaricación, «porque él tenía conocimiento inexcusable y era consciente de lo que estaba firmando. Esta persona, con titulación de ingeniero, debía ser conocedora de que no podía firmar ese deslinde en el que aparece que el anterior era incompleto, algo que el propio Ministerio de Medio Ambiente reconoció recientemente que era falso», explicó Alfredo Masó, presidente de la asociación de afectados, que está a la espera de que la querella sea admitida a trámite por la Audiencia Nacional. De serlo, seguiría la vía penal.
Esta querella es paralela al contencioso administrativo que se ha presentado en contra del deslinde aprobado por entender que en el proceso hubo defectos de forma que anulan de pleno derecho la tramitación. La decisión final del Ayuntamiento de Elche de no recurrir al deslinde pese a que no le fue notificado el acto de amojonamiento en Arenales del Sol, del que debía formar parte ha sorprendido a los vecinos, según afirmaba ayer Masó.
«Me sorprende la falta de formas que ha tenido para con nosotros el concejal de Urbanismo, ya que nosotros les solicitamos una reunión, nos reunimos con Alejandro Soler y Emilio Martínez, les expusimos nuestro planteamiento y les dejamos la documentación. Dijeron que la estudiarían y nos contestarían y resulta que nos enteramos por la Prensa de lo que han decidido hacer», manifestó el portavoz de los vecinos afectados por el deslinde de Arenales del Sol. «Creemos que ha habido poco respeto hacia nosotros, que somos sus representados, con independencia de lo que hayan decidido que también sorprende que la asesoría jurídica municipal haya resuelto que no hay novedad cuando es algo que debe decir la Audiencia Nacional».