MANUEL RODRÍGUEZ MACIÁ TRIBUNA

M e parecía que fue hace pocos años, pero no, ya van para catorce cuando en las páginas de este periódico escribía un primer artículo sobre las ciudades y la paz. En él hacia referencia a las actuaciones que desde la ciudadanía se llevaban a cabo en la guerra de la antigua Yugoslavia con el fin de paliar al menos los sufrimientos de la población. De entre aquellas actuaciones destacaron las que entonces llevamos a cabo en Elche, entre otras, aquella reunión de alcaldes de diversas ciudades situadas en diferentes zonas del conflicto. Todavía recuerdan gratamente aquel encuentro sus promotores y participantes. Con algunos de ellos he tenido la ocasión recientemente de volverme a encontrar. Aquellas actuaciones respondían a la convicción de que la paz es un derecho de todos y que por tanto a todos nos importa conseguirla. La paz no puede ser patrimonio exclusivo de los grandes dirigentes de los estados, en definitiva, las consecuencias de la guerra las paga la ciudadanía, por tanto también a ella le importa pronunciarse sobre ello. Se da la circunstancia de que en las situaciones bélicas de hoy, suele ser la población civil quién carga con la mayor parte de las penalidades de la guerra. Desde luego, los que las suelen decidir son los que menos las sufren. Ya se ha visto en que craso error estaban aquellos que pensaban que estas cosas debieran estar en manos de gente con un altísimo nivel de entendimiento, incomprensibles para el común de los mortales, ya ven cuantos sufrimientos se hubiesen ahorrado si se hubiese hecho caso del pueblo que expresaba el sentido común frente aquellos cerebros reunidos en las Azores cuando decidieron intervenir en Irak.
El compromiso de la ciudadanía con la consecución de la paz se hace hoy día más apremiante, toda vez que además de ser las poblaciones indefensas quienes más sufren las consecuencias de los conflictos armados entre estados, existe en muchos lugares una situación de violencia engendrada en el interior de las mismas ciudades.
En Centroamérica desde donde escribo, la violencia urbana es uno de los peores, sino el peor enemigo de la posibilidad de desarrollo de muchos pueblos. Una violencia que puede tener múltiples causas entre ellas, las derivadas de las guerras que tuvieron lugar en los años ochenta. Una prestigiosa publicación de la región centroamericana señala la marginación en la que se hallan muchos jóvenes, así como el desempleo, y la ruptura de la estructura familiar como los cimientos de la violencia que se padece. Desde luego, las soluciones no son fáciles, ni son simples, pero algunos signos de esperanza existen. Y entre estos signos esperanzadores es de destacar el trabajo serio e imaginativo de algunas municipalidades que se han propuesto convertir las ciudades y los pueblos en lugares habitables, el espacio urbano en punto de encuentro. Que luchan por conseguir que la ciudadanía no viva recluida en sus casas como si viviesen en un castillo, prisioneros del miedo. La labor que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Tecla en El Salvador por recuperar el espacio público, fomentando tanto las actividades culturales como las económicas así como las medidas adoptadas por la municipalidad respecto a la prohibición de portar armas en la ciudad es un ejemplo de cómo desde el municipio se trabaja por la paz. También deberíamos pensar nosotros en qué tipos de ciudades estamos construyendo y hasta qué punto tanto desaguisado urbanístico no está atentando contra la convivencia ciudadana. Por cierto, acabo de leer el documento que sobre el tema urbanístico ha publicado el obispado de Orihuela y creo que es de lo de lo más sensato y oportuno. Y me parecen sumamente preocupante las actuaciones urbanísticas que están socavando la confianza de la ciudadanía en una institución tan esencial como la municipal.
Otras muchas iniciativas se llevan a cabo por las municipalidades y que fomentan la paz entre los pueblos, y entre ellas, y aunque sea con brevedad, me quiero referir a aquellas que tratan de convertir los municipios limítrofes entre los estados en lugares de cooperación, la frontera como lugar de encuentro y no tanto de separación. Es ésta una labor que los municipios pueden llevar a cabo de modo especial, pues en ellos no está inserta la idea de frontera como línea divisoria como lo está entre los estados. Y así está ocurriendo entre municipios fronterizos entre la República Dominicana y Haití o entre los de Costa Rica y Nicaragua o Panamá. En la medida en que se produce la cercanía se encuentran intereses comunes se disipan los estereotipos.
La ciudad ha sido siempre paradigma del estado, por ello considero de especial importancia para la paz el trabajo desde cada ciudad. En la medida que trabajemos por tener unas ciudades más tolerantes y abiertas estamos construyendo la imagen del mundo que queremos.
Acabando de escribir estas líneas recibo un mensaje de Paquita Sauquillo , una de las mujeres que tanto se ha destacado en el movimiento ciudadano en la defensa de los municipios y que tiene un papel tan activo en la promoción de la paz internacional. En su mensaje me habla de la presencia de mujeres de Elche, de Alicante en el encuentro por la paz que ha tenido lugar en Palestina. Un ejemplo bien palpable de cómo trabajar por la paz nos importa a toda la ciudadanía.
Al enviar este artículo puedo leer en la edición digital de Información el que acaba de publicar mi amigo Emili Boix titulado «La violencia nuestra de cada día», y al hablar sobre este tema nos recuerda las palabras de Terencio : «Nada humano me es ajeno». La paz es pues, cosa de todos. q