Una vez conocido el auto del juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, Leandro Blanco, por el que quedaba suspendido, de manera cautelar, el convenio de acreedores del Elche CF aprobado el pasado mes de abril, el Instituto Valenciano de Finanzas envió ayer al mediodía un burofax al consejo de administración que preside Diego García para que suspenda la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el próximo 25 septiembre. En ella, el consejo, en uno de los puntos del día, proponía a los accionistas la aprobación de una ampliación de capital que cuenta con la oposición del banco del Consell, del Ayuntamiento del Elche y de grupos como Regeneración ECF. Para salir adelante necesitaba el voto a favor o la abstención de la Fundación del Elche CF SAD, máxima accionista, poseedora el 54% de los títulos.

El Elche, a través de un comunicado, anunció ayer al mediodía que sus servicios jurídicos están valorando la opción de apelar ante la Audiencia Provincial de Alicante la suspensión cautelar del convenio de acreedores.

Una vez el consejo tome una decisión anunciará a sus accionistas, según el escrito hecho público en la web oficial del club, si se mantiene la junta general de accionistas o, por el contrario, se retrasa a una nueva fecha. El club tiene cinco días para presentar una apelación. «Vamos a esperar y a manejar los plazos porque sería posible que la resolución definitiva de la Audiencia Provincial llegara antes de que se celebre la junta», confesó ayer Diego García.

En cualquier caso, el presidente no descartó la opción de que finalmente la junta de accionistas se pudiera trasladar a finales de año, algo que garantizó que «ni sería grave ni alteraría el día a día del club. De hecho, durante unas semanas fuimos dando plazos a la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas esperando que decidiera algo la Audiencia Provincial sobre el tema».

Diego García pidió esta semana el voto a favor de la ampliación en una rueda de Prensa en la que dejó claro que «tomaremos medidas en el caso de que no salga adelante».

El propio IVF también envió un burofax a los patronos en el que se les informaba de que en caso de dar el voto afirmativo se iban a tomar acciones legales contra ellos porque implicaría la depreciación de la prenda que garantiza el pago de los 14 millones.