El consejo de administración del Elche y sus asesores jurídicos están buscando diferentes fórmulas para evitar o, en su defecto, aminorar la cantidad y los plazos de pago de la multa de 4,1 millones de euros que la Unión Europea le impuso el pasado mes de julio, al considerar que el crédito de 14,6 millones concedido en 2011, a través del aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo unas condiciones ventajosas de competencia desleal.
El pasado 5 de noviembre expiraba el plazo para abonar la multa, aunque, como era sábado y no era día hábil, finalizó ayer lunes. En el club ilicitano están tranquilos y confían en que prosperen alguna de las tres vías que han abierto.
La primera de ellas ha sido presentar un recurso de reposición ante el IVF solicitando el aplazamiento del pago. Esta reclamación fue firmada el pasado sábado por el presidente del Elche, Diego García, y ha sido el primer paso para ir ganando tiempo. Una iniciativa que también ha sido llevada a cabo por el Valencia, que es el otro club de la Comunidad Valenciana, junto al Hércules, que ha sido sancionado.
Una vez librada la batalla de la fecha del 5 de noviembre, el siguiente escalón será un recurso ante la Comisión Europea, que, según fuentes de la entidad franjiverde, esperan poder presentar en unas tres semanas, aunque aseguran que tienen dos meses para hacerlo.
Y la tercera vía que maneja el consejo es, en caso de que prospere la multa y tengan que pagar sí o sí, presentar un incidente concursal una vez que se produzca el convenio de acreedores.
En ese caso, los dirigentes del club ilicitano no están de acuerdo con la propuesta del administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, quien solicitó al juez que el 50% de la sanción (1,8 millones) fuera declarado como crédito privilegiado, por lo que habría que pagarlo en su totalidad y sin ningún tipo de quita del 65% como van a plantear en el concurso de acreedores. El otro 50% (1,8 millones) ordinario, que podría entrar en la quita y disponer de una carencia de 10 años, aunque el administrador concursal lo calificó de especial al considerar que prevalece la ley europea por encima de la española y que tanto el crédito privilegiado como ordinario especial se debe abonar de manera «inmediata y efectiva». Mientras que los 400.000 restantes, correspondientes a los intereses, serían un crédito subordinado y la última cantidad en pagar en el proceso del convenio de acreedores.
El Elche no está de acuerdo con la propuesta del administrador concursal y solicitaría en su incidente que los 1,8 millones del crédito privilegiado entraran en el convenio y se puedan pagar en ocho años. Que el ordinario no sea especial y entre en la quita del 65% y los diez años de cadencia y que el subordinado se mantenga igual.
Los directivos van a basar su defensa en que la supuesta ayuda ilegal se produjo en 2011 y fue previa a la entrada de la entidad en el concurso de acreedores.
Otras de las posibilidades es que el juez, José Luis Fortea, que es el encargado de dictar sentencia y lleva el proceso concursal del club ilicitano, califique el crédito contra la masa, algo que sí que sería muy perjudicial para el Elche. En ese supuesto se debería pagar de forma inmediata, aunque en el club no lo contemplan.
Mientras tanto, de manera alternativa, como ya informó este diario la semana pasada, en el consejo están buscando distintas fórmulas de financiación para el caso de que ningún recurso prospere. Y manejan cuatro: ampliación de capital, el estadio como aval, pagar de la cuenta corriente o conseguir un préstamo, bien sea con avales personales o a través de la Liga de Fútbol Profesional.
