La guerra que están manteniendo el consejo de administración del Elche, el IVF y el grupo inversor de capital catarí y británico Skyline Internacional sigue sumando batallas sin encontrar una solución ante la desesperación de buena parte de la afición.
Desde la directiva franjiverde se ha reiterado en numerosas ocasiones que está dispuesta a mantener un encuentro con los representantes de la mercantil, mientras que desde el grupo inversor aseguran que lo han intentado en varias ocasiones sin suerte.
El presidente del Elche, Diego García, señaló, en declaraciones al diario Marca, que su confianza en que Skyline pueda entrar en el Elche va «disminuyendo», y lamentó que «han estado aquí y ni siquiera se han prestado a hablar con nosotros. Respondimos a la carta que nos mandaron y no han contestado».
Sin embargo, desde Skyline Internacional aseguran todo lo contrario. El grupo inversor señala que el 24 de agosto le enviaron una carta al club ilicitano presentándose e informando de que había sido el adjudicatario del préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que pretendían mantener una toma contacto para conocerse y hablar de futuro.
El consejo de administración de la entidad franjiverde respondió a la misiva el 6 de septiembre y, según la mercantil catarí, no era ninguna invitación al diálogo y que exigieron una serie de informaciones que consideraban que estaba fuera de lugar.
Después de un mes, el pasado 7 de octubre, un representante de Skyline se pudo en contacto, telefónicamente, con el Elche para volver a intentar mantener una toma de contacto y la respuesta, siempre según la sociedad, que tiene su sede en España en Madrid, fue que desde el club ilicitano le indicaron que les contestarían y que le llamarían en los próximos días.
El tiempo ha ido pasando y ayer, 19 de octubre, al mediodía, se produjo una llamada telefónica desde el Elche y ambas partes se citaron para hablar por la tarde, también, vía teléfono.
Pero, según el grupo inversor, ayer por la tarde no se produjo ninguna llamada de representantes de la entidad franjiverdes. Incluso, desde Skyline se intentó llamar, de nuevo, por teléfono, pero no obtuvieron respuesta alguna.
Ante esta situación, se abren varias incógnitas: ¿Quién miente? ¿Por qué si hay dos partes que están interesadas en lo mejor para el Elche no se produce ningún contacto, aunque sea vía telefónica? ¿Por qué los actuales gestores del Elche están tratando de dilatar el proceso de venta del IVF en el tiempo? ¿Por qué desde Skyline no se presentan en Elche y dicen: aquí está el dinero que queremos invertir?
Desde la mercantil de capital británico y catarí no entienden que el actual consejo de administración del Elche rehúse el contacto para dialogar e intentar llegar a un acuerdo cordial.
Desde el Instituto Valenciano de Finanzas tampoco entienden porqué si hay un grupo interesado en hacerse con el paquete accionarial del 54,7% de las acciones correspondientes a los 14 millones que el Banco del Consell avaló y el club ilicitano no pagó, no dejan paso y están poniendo una traba tras otra con recursos y diferentes reclamaciones judiciales.
Mientras, desde el Elche, según la declaraciones efectuadas a este diario por su presidente, Diego García, dejó entrever que no se fían de Skyline, del IVF y BDO, que fue la empresa que adjudicó la venta del crédito impagado a Skyline Internacional. Según los dirigentes franjiverdes, no quieren que se produzca otro caso como el de Juan Anguix y que, al final, sea un fraude el intento de compra de este grupo inversor.
Mientras tanto, los grandes perjudicados, por la poca claridad que existe entre todas las partes, están siendo los aficionados del Elche, que siguen manteniendo la incógnita de qué va a pasar y de si todo este proceso enquistado y con la actual situación económica en la que se encuentra el club puede llevarlo a causa de disolución.
Todo está en manos del juez que paralizó, profesionalmente, la venta de las acciones y se desconoce cuándo se va a producir una solución. Mientras tanto, la multa de 4,1 millones de euros de la Unión Europea apremia y hay que pagarla, mientras que un juez no diga lo contrario.
