El juez imputa al presidente del Elche por un escándalo urbanístico en Murcia

El juzgado murciano dicta un auto en el que declara investigados por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho al dirigente del club y a su socio de despacho en la época del boom

28.09.2016 | 01:14
El juez imputa al presidente del Elche por un escándalo urbanístico en Murcia

Una de cal y una de arena. Eso es lo que tuvo ayer el presidente del Elche CF, Diego García. Y es que un auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia debió amargarle el pequeño triunfo conseguido por los patronos con la paralización de la subasta de las acciones. En su resolución, con fecha de ayer, el juez llama a declarar en calidad de investigado al dirigente del club franjiverde, junto al que fuera su socio de despacho en la época del boom urbanístico, Vicente Cardona Cerdá; y al exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y sus suegros. Les imputa a todos ellos tres delitos: cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas. Además, los cita a declarar a finales de octubre. El juez da este paso en una pieza separada de la investigación del caso Umbra, una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia en la que también se ha visto salpicado el promotor ilicitano Ramón Salvador Águeda.

En este caso concreto, lo que se investiga es la venta en 2006 de una finca en la pedanía Baños y Mendigo de los suegros del que fuera durante dos décadas alcalde de Murcia, por el PP. En esa operación, los administradores de la sociedad Programa 2010, Vicente Cardona Cerdá y Diego García –que llegó a ser presidente de la patronal ilicitana de la construcción Ateco–, actuaron en parte como compradores de dos de las fincas de la familia política de Cámara, pero también como promotores, según detalla el auto, del plan parcial se presentó posteriormente ante el Ayuntamiento de Murcia.

El juez David Castillejos, que es quien instruye el caso Umbra, no se puede mostrar más contundente en su auto: lo que se investiga son las compraventas escrituradas precisamente en la etapa en la que Miguel Ángel Cámara era alcalde de Murcia, y, además, dice literalmente, «incluidas en una actuación urbanística que supuso unas plusvalías muy elevadas y el consiguiente enriquecimiento de sus vendedores». En concreto, se detalla que la operación se llevó a cabo sobre unos 107.000 metros cuadrados de suelo urbanizable sin sectorizar en esa zona, algo menos del 10% del terreno de la actuación urbanística, y que la venta se cerró por 1,9 millones.

El juez, no obstante, no se queda ahí, y señala que esta pieza separada enlaza con la investigación patrimonial de la familia de Cámara, que «ofrece incrementos constantes a lo largo de los años». En esta línea, resalta que «lo que se trata de determinar es si el señor Cámara se sirvió de su cargo público para favorecer a los familiares directos de su esposa, y a la postre a sí mismo».

No menos contundente se muestra con el tándem ilicitano. Justifica el magistrado que los administradores de Programa 2010 «son los realmente promotores de la actuación al presentar esa sociedad el Plan Parcial (urbanizadores), al margen de que existan otros compradores en forma de sociedades que implicaban intereses de otros personajes relevantes que ya fueron investigados en la causa principal».

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