Un día después de que el Juzgado de lo Mercantil de Valencia rechazara, tras la petición del consejo y de la Fundación, conceder la suspensión cautelar al proceso de venta del crédito, propiedad del IVF, que concede la mayoría accionarial del club, Diego García, presidente del Elche, acusó ayer al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de haber contribuido a crear un clima de inestabilidad alrededor de la entidad ilicitana al querer cobrar de forma inmediata sus deudas sin esperar a un convenio de acreedores. «La situación de inestabilidad viene dada porque un acreedor quiere cobrar ya sus deudas», indicó el dirigente en clara alusión al brazo financiero del Consell.

Entiende el presidente franjiverde que en el momento en el que los accionistas aprueben el convenio para los acreedores «el club será viable».

Diego Garcia recuerda que, «cuando este consejo tomó las riendas hace un año, el club era un solar. Desde entonces se confeccionó una plantilla que realizó una gran temporada y se ha acabado el ejercicio con beneficio», antes confesar la idea de que «nuestro club no necesita de una inversión externa, es viable con sus propias fuerzas». Si bien, aclara, que el consejo se ha visto obligado a buscar financiación «para cumplir con la deuda del IVF».

«La única deuda que nos exige inmediatez es la del IVF. Si se ajustara a los plazos y las fórmulas de pago, no haría falta esa inversión porque el Elche tiene formas suficientes para salir adelante con sus recursos», apostilló el máximo dirigente.

En este línea, Diego García señala que la deuda que se mantiene desde la Fundación del Elche con el brazo financiero de la Generalitat «como la verdadera privilegiada. Si este acreedor aceptara la fórmula de pago como cualquier otro, el Elche soportaría esa deuda y se pagarían todos los créditos».

Finalmente, el dirigente franjiverde indicó que el club aún no ha recibido ninguna notificación oficial del inicio del proceso de ejecución de las acciones por parte del IVF y confesó que el consejo estudiará si recurre o no la resolución del juez de no conceder la suspensión cautelar al proceso de venta.