El 5 de junio de 2015 aparece en la historia del Elche como una de las fechas más negras en su larga trayectoria. Hoy se cumple un año de esa jornada en la que el Juez de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dictaminó el descenso administrativo del Elche a Segunda División por deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El equipo de Fran Escribá, que había sido capaz de mantenerse en Primera División en el campo tres jornadas antes de acabar la competición, vio como se le arrebataba en los despachos todo lo logrado y su trabajo era baldío. Una decisión sin precedentes en la máxima categoría del fútbol español, que dejó a la entidad contra las cuerdas y a una afición desengañada, que todavía no acierta a comprender lo sucedido. La indignación, un año más tarde, está vigente en el seguidor de a pie del equipo de la franja verde y no se entiende cómo los errores de unos dirigentes los tuvieron que pagar todo un club, el Elche CF, ni tampoco el ensañamiento de Javier Tebas, presidente de la LFP. El dueño de la patronal iba en contra de una entidad que tenía una masa social superior a los 25.000 abonados y que había tardado medio siglo en regresar a la élite. No paró hasta lograr su objetivo. Varias generaciones de seguidores se habían recuperado en los últimos años, los niños querían ser ya del Elche y no del Real Madrid o FC Barcelona, y, de un plumazo, todo se fue al traste.

Desde enero de 2015, los rumores sobre un posible descenso administrativo comenzaron a sonar con fuerza en Elche. Incluso la entonces alcaldesa, Mercedes Alonso, llegó a dar la voz de alarma tras una reunión mantenida con los dirigentes de la Liga. Estas amenazas de descenso y los problemas para encontrar financiación aceleraron la caída del consejo que presidía José Sepulcre y llevaron al palco al empresario Juan Anguix, cuya primera promesa fue hacer frente al pago de la deuda con Hacienda para garantizar la continuidad del club en Primera.

Tras varias semanas de negociaciones, Juan Anguix llegó a anunciar el acuerdo con Hacienda en mayo, tras abonar un pagaré por valor de 3'5 millones de euros y aplazar el resto del pago de la deuda. El problema parecía solucionado y la afición del Elche volvía a respirar tranquila, pero la resolución del Juez de la LFP días después no dejada dudas al respecto: la cantidad adeudada no estaba ni abonada, ni aplazada, ni garantizada.

Nada más conocerse la noticia, la afición del Elche comenzó a movilizarse realizando varias concentraciones populares en puntos emblemáticos de la ciudad, como el estadio o junto al Ayuntamiento, aunque la más representativa fue la marcha celebrada en julio con más de 10.000 personas por las calles de la ciudad.

Paralelamente, el consejo inició una batalla legal presentando recursos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que perdió, y posteriormente llevando el caso a la Audiencia Nacional, que finalmente mantuvo la decisión de la LFP y dictaminó el descenso del Elche el 21 de julio. Tampoco prosperó, posteriormente, el recurso presentado en el Juzgado de lo Mercantil.

Tras fracasar las distintas apelaciones, el consejo del Elche, que había llegado como salvador, comenzó a sufrir dimisiones en su seno ante el vacío que se avecinaba y el vértigo a un nuevo descenso con amenaza real de desaparición.

Con solo una semana de plazo, el club debía ahora evitar un nuevo descenso, en esta ocasión por la deuda con los jugadores. Anguix asumió su incapacidad para generar recursos y un grupo de empresarios de prestigio, liderados por Juan Perán y apoyados por el alcalde, Carlos González, realizó un llamamiento a la afición para, con las aportaciones económicas de todos, salvar la situación.

El club logró reunir el dinero para pagar a AFE, pero durante esos días de zozobra perdió por el camino a su técnico estrella, a los directores deportivos, a toda su plantilla de jugadores, ya que solo José Ángel Alonso, lesionado, y Álvaro Giménez, un canterano, permanecían en la entidad tras el descalabro.

El Elche, dirigido por una junta gestora, que posteriormente mutó en un consejo formado presidido por Juan Serrano, logró formar una plantilla en un tiempo récord e iniciar la temporada con Rubén Baraja como entrenador, quien había sido contratado apenas un mes antes por Anguix para entrenar en Primera.

La presencia en el consejo de dirigentes de etapas anteriores, como Jaime Oliver y Paco Sánchez, ha sido uno de los motivos por los que la actual cúpula directiva no termina de estar bien vista por los aficionados, ya que los consideran cómplices del hundimiento institucional. La paz social es inexistente.

Antes de su salida, el consejo de Anguix presentó una demanda contra la LFP por daños y perjuicios provocados por el descenso en la que se exige una indemnización de 61 millones de euros que sigue su curso. Más allá de una batalla legal, que se antoja larga, el descenso administrativo se ha dejado notar a nivel económico, deportivo y anímico. Los ingresos del club se han reducido, la plantilla varió por completo y la presencia de aficionados se ha reducido a la mitad. De 25.000 socios se pasó a 12.000.

Ni siquiera la notable trayectoria del equipo ilicitano esta temporada, en la que ha llegado a rozar la promoción de ascenso, ha terminado de animar a una afición descreída, aún con evidentes síntomas de depresión tras el sueño arrebatado en los despachos. Ayer terminó la Liga en Alcorcón y vuelve a verse en el horizonte otro verano complicado en el que el futuro de la entidad, en concurso de acreedores, no está nada claro y se está buscando un comprador. En medio, el pulso entre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), poseedor del 55% de las acciones de la Fundación del Elche CF SAD, y el actual consejo de administración que dirige Diego García. Un año después, la situación sigue siendo difícil. Aquel maldito 5 de junio de 2015 jamás se podrá borrar de la mente y del corazón del blanquiverdismo.