La caja opaca de dinero que el Consell se niega a publicar formaba parte del sistema de pago de contratos a Gürtel, según se desprende de la información incluída por el juez José Francisco Ceres en el sumario que investiga una de las piezas de la rama valenciana de la trama. En un auto publicado en julio que decreta el procesamiento, entre otros, de exconsellers de Francisco Camps -Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera- y del que fuera número tres del PP en la Comunidad, David Serra, por otorgar adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa y El Bigotes, el magistrado Ceres, instructor del procedimiento en el TSJ de la Comunidad, detalla cómo se camuflaban esos contratos con la red a través de la caja fija y los intentos de El Bigotes para cobrar por esa vía con el objetivo de evitar la fiscalización entre los años 2004 y 2009, en plena etapa de Camps.
Las referencias al uso «indebido», como el propio magistrado apunta, de la caja fija -un dinero del que se echa mano para afrontar determinados pagos sin auditoría previa y al margen del presupuesto- pasaron en su momento casi inadvertidas. Pero ahora la cuestión toma un nuevo impulso después de que, como se recordará, el alto tribunal valenciano le diera la razón a Compromís y ordenara al Consell la entrega a sus diputados de tres millones de facturas correspondientes a la caja fija entre los años 2006 y 2013, un periodo en el que se acumularon en ese fondo opaco y sin fiscalización hasta tres millones de facturas, manejadas en unas trescientas cuentas bancarias y que consumieron dinero por valor de más de 1.150 millones. A razón de 577.000 euros y 1.506 facturas de media por cada día hábil de la administración autonómica, según los cálculos de los socialistas.
El propio magistrado, en la parte de las conclusiones del fallo, remacha y no deja lugar a ninguna duda. «En muchas contrataciones se permite indebidamente el pago por sistema de caja fija por una cuantía muy cercana al tope de contratación menor que dificulta su fiscalización sin que nadie sepa explicar la razón de que ello haya ocurrido», apunta el auto. La resolución relata, al desentrañar el delito continuado de prevaricación en la contratación que se habría cometido entre 2004 y 2009 por importe de unos siete millones, como las sociedades de Gürtel se presentaban a los procedimientos negociados de contratación sin publicidad y con una mera invitación sin existir «explicación de de la causa de realizar invitaciones a sociedades radicadas en Madrid que nunca habían trabajado» para la Generalitat. «La confianza en la adjudicación era tal que se comenzaba a ejecutar el servicio mucho tiempo antes de que se iniciara el procedimiento administrativo» e incluso como «los pliegos se diseñaban a posteriori en función de las ofertas» de Correa y El Bigotes.
Este «modus operandi» incluía «fraccionamientos intencionales con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». Los fraccionamientos, incluso con cambios de concepto en las facturas, se daban, según el juez en casi todas las contratacions y permitían dificultar el ya de por sí deficitario control. Trocear los contratos permitía, a su vez, poder afrontar los pagos con la caja fija sin control y en cantidades pequeñas, piedra angular del sistema de facturación. Ese auto, con referencias constantes no sólo a los abonos que se realizaron a la trama Gürtel a través de este fondo opaco sino también a los intentos de El Bigotes para que se le pagara a través de esta vía con la intención de eludir la auditoría, deja claro, sin embargo, que pagar ese tipo de contratos con la caja fija era una maniobra para burlar la ley.
De hecho, el magistrado asume en el auto varias declaraciones en las que diversos testigos describen el uso fraudulento del dinero. «(...) Los pagos por caja fija no están previstos para el pago de estos eventos sino de gastos ordinarios de funcionamiento», señala el juez. En 2009, uno de los años que abarca esta investigación, el Consell, todavía con Camps al frente, consumió nada menos que 182 millones a través de la caja fija al margen de auditoría y sin dar cuenta de la identidad de los perceptores como recoge el informe de la Sindicatura de Cuentas. La oposición sospecha que se esconden gastos irregulares.
