El director deportivo del Elche, Víctor Orta, confesó la pasada semana que «si la Liga de Fútbol Profesional nos amplía el presupuesto, nuestra intención es traer un mediocentro defensivo». En su día se quiso contratar para esa posición al exbético Cañas, pero no se pudo lograr ya que los números rojos lo impedían y el futbolista terminó reforzando al Espanyol.
Para conseguir que la LFP permita fichar, la entidad ilicitana lleva tiempo negociando un préstamo con diversos fondos de inversión, por un importe de 12 millones de euros. Una tarea complicada ya que son muchas las puertas en las que se está llamando, pero en todas ellas encuentran el no por respuesta.
Ninguno de los fondos de inversión con los que han negociado José Sepulcre y Antonio Rocamora han accedido a la operación bajo las premisas que presenta la entidad franjiverde. Ni tan siquiera pignorar la ayuda por el descenso ha servido para convencer a un prestamista, que, como es lógico, quiere garantías suficientes para recuperar el dinero aportado.
Esos 12 millones son necesarios para afrontar el futuro más inmediato sin tantos agobios. Con esta cantidad se podrán solventar las deudas a corto plazo y reforzar una plantilla que se quedó corta en verano por las exigencias de la Liga. Como se recordará, horas antes de iniciarse la presente competición Víctor, Enzo Roco y Cristian Herrera se quedaron sin inscripción. El límite presupuestario impuesto por la LFP estaba superado. Orta planificó la confección de la plantilla esperando un aumento de presupuesto, que todavía no se ha producido, y que dejó muy corta la plantilla. Se acordó aplazar con toda la plantilla el 12% del salario de esta temporada al de la próxima y eso permitió que los tres jugadores citados tuvieran ficha.
Ante la negativa que está encontrando el club para conseguir ese crédito existe la vía del aval personal. Víctor Orta busca en el mercado futbolistas que se ajusten al escaso sobrante del mercado veraniego y la entidad franjiverde parece estar dispuesta a avalar personalmente lo necesario, siempre y cuando no se tratara de cifras desorbitadas. En esa línea, se está trabajando ahora, después de casi más de un año buscando un prestamista sin un resultado positivo.
El Elche CF arrastra otros préstamos solicitados como el concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), de 14.000.000 de euros, o el recibido para poder hacer frente a la deuda que el club mantiene con Hacienda y Seguridad Social cifrado en cinco millones de euros. Además, el 31 de diciembre debe abonar a los jugadores 2,3 millones de euros de la prima por la permanencia e ingresar antes del próximo verano los dos millones que ha recaudado de la campaña de abonos para el pago de acciones del IVF. Tampoco hay que olvidar que los ingresos por los derechos de televisión están pignorados a partir de enero con el pago del crédito de seis millones que se rubricó para abonar la deuda con Hacienda.
Encima de la mesa franjiverde existen otros muchos frentes que superar que están haciendo muy difícil el día a día dentro de los despachos del club.
La pasada semana se conoció la demanda interpuesta al Elche por el Recreativo de Huelva ante la LFP tras la salida de Fidel al Córdoba CF. En la entidad franjiverde se exponen a tener que abonar una indemnización de un millón de euros, por no haber comunicado a los onubenses, debido al derecho de tanteo preferencial que tenían sobre el jugador en el traspaso del mediapunta al Córdoba.
Por su parte, la Comisión Europea está investigando el préstamo de 14 millones cedido en 2010 por el Instituto Valenciano de Finanzas. (IVF). En esa misma situación también están otros equipos como Hércules y Valencia. Se entiende en diversos círculos que dicha ayuda es ilegal.
No hay que olvidar que la Liga también está investigando el presunto amaño del partido que enfrentó la pasada campaña a Málaga y Elche en el estadio de La Rosaleda que terminó con victoria franjiverde gracias a un gol de Rodrigues. Se sospecha que dos jugadores del Málaga fueron tentados para dejarse perder en aquel decisivo duelo. El caso podría terminar en la Fiscalía Anticorrupción.
