La maquinaria jurídica para evitar que las escuchas sobre el presunto amaño de partidos salgan del juzgado de Alicante hacia Madrid ya está en marcha. El Hércules Club de Fútbol solicitó ayer personarse en la causa y anunció que impugnará los recursos presentados el pasado viernes por la Fiscalía y la abogacía del Estado en nombre del Consejo Superior de Deportes (CSD).
En el escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 7 de Alicante que fue presentado ayer en el decanato del Palacio de Justicia, el equipo jurídico del Hércules no desvela aún los argumentos que esgrimirá para defender los intereses del club. El Hércules sí solicita al juzgado que admita la personación del club en la causa y al mismo tiempo pide, para ejercer el derecho de defensa, que se le dé traslado de los recursos planteados por la Fiscalía y el CSD, así como una copia del auto dictado el pasado 3 de agosto, en el que el juez del caso rechazaba la petición del Ministerio Público y la abogacía del Estado de informar a los organismos deportivos sobre las presuntas irregularidades detectadas en los pinchazos del caso Brugal.
El titular del juzgado que instruye el caso debe decidir ahora si admite la personación del Hércules. Lo lógico es que no se oponga y que tampoco resuelva los recursos presentados por el fiscal jefe y el abogado del Estado antes de conocer las alegaciones que pueda plantear el Hércules para evitar el envío de las escuchas sobre compra de partidos al CSD y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
En cualquier caso, todo apunta a que el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante no variará su postura inicial y no revocará el auto en el que denegaba el envío de las escuchas. Por tanto, será la Audiencia Provincial quien tenga que resolver el recurso subsidiario de apelación que plantearon el fiscal jefe y el CSD a través de la abogacía del Estado.
"Trama vigésima"
Las presuntas irregularidades sobre el amaño de partidos constituyen la "trama vigésima" del conocido como caso Brugal que se investiga en las diligencias previas 851/03 que instruye el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela.
En lo único que parecen coincidir todas las partes implicadas en la causa es en que las supuestas irregularidades no constituyen actualmente infracción penal alguna y mientras no entre en vigor la reforma del Código Penal a finales de este año sólo se podrá actuar por la vía administartiva para castigar este tipo de conductas.
Si el juez confirma su auto y pasa el caso a la Audiencia, el fiscal jefe solicitó en su recurso que enviara el auto de inhibición del juzgado de Orihuela, el auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias del juzgado de Instrucción número 7, el auto recurrido por desestimar el envío de las escuchas al CSD y a la RFEF, y el atestado policial y transcripción de las conversaciones telefónicas que figuran en las diligencias previas abiertas en Alicante por la presunta compra de partidos.
