E l parón de la actividad urbanistica en las comarcas alicantinas ya se ha convertido en un problema para las disminuidas arcas de los municipios. La desaceleración que está padeciendo la construcción durante el año 2007 va a suponer para los grandes ayuntamientos, muchos de ellos dependientes hasta en un 30% de los fondos derivados del ladrillo, una rebaja considerable de las previsiones de ingresos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); - la tasa que grava la propiedad de una vivienda - de hasta un 25%, según los datos que figuran en los registros de Suma, el organismo de la Diputación Provincial que controla tributos de todos los consistorios alicantinos con la única excepción de Xàbia.

Los datos del IBI que maneja la entidad provincial evidencian la crisis del sector de la construcción. El urbanismo crece. Es cierto. Pero ni mucho menos al nivel de años anteriores. Va al ralentí. De hecho, de un total de 60.000 altas catastrales en 2006 - exactamente 59.767, de acuerdo a la memoria de Suma del año anterior - se ha pasado a poco más de 47.000 nuevas unidades urbanas - un término técnico que, más o menos, se corresponde con una vivienda - durante el ejercicio que está a punto de terminar, como figura en los datos tabulados por Suma con fecha de finales del pasado mes de octubre al cierre del periodo de cobro.

La reducción, como señalaron fuentes provinciales, pone de manifiesto la caída del sector de la construcción en los municipios. Los listados catastrales del IBI son la plasmación de la realidad del sector de la construcción: el aumento refleja de forma fiel el incremento de inmuebles que pasan del proceso de edificación al de la tributación. Y el descenso es casi de una cuarta parte respecto a la media de ejercicios anteriores, apuntaron fuentes del organismo tributario.

En todo caso, sea como fuere, los ingresos derivados del urbanismo siguen siendo fundamentales para nutrir las arcas locales con graves problemas de financiación agravados por el bloqueo del fondo de cooperación municipal que la Generalitat tenía que haber puesto en marcha desde el año 99. De hecho, las cantidades que llegan a los municipios por el cobro del IBI superan ampliamente los 250 millones de euros, más de 42.000 millones de las antiguas pesetas. El descenso de las previsiones de ingreso del Impuesto de Bienes Inmuebles, en todo caso, lleva consigo, igualmente, una caída del resto de tasas e impuestos derivados del negocio del ladrillo.

En cadena Las consecuencias son evidentes y van en cadena. Si hay menos registros catastrales, es que se ralentiza la construcción. Y si cae la edificación se conceden, por ejemplo, menos licencia de obra lo que afecta de forma directa a la situación económica de los ayuntamientos. O hay un montante menor de ingresos disponibles por plusvalías. Por tanto, el parón que está afectando a la construcción en la provincia tiene un efecto directo no sólo en la actividad económica sino también en la recaudación de los municipios que, para mantener su nivel de ingresos, en este arranque del mandato local han tenido que recurrir a la subida tanto del IBI como del impuesto de vehículos o de las tasas por los servicios de agua o basuras.