E l ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer la aprobación de una ley «en los próximos días» que establecerá el incremento paulatino de la pensión de jubilación hasta un máximo del 15% en cinco años para aquellos que deseen prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. En virtud de esta norma, los empresarios no tendrán que cotizar a la Seguridad Social por estos mayores que se jubilen después de los 65 años, siempre que estos lo hagan de «forma voluntaria» y si están en condiciones para trabajar. Con esta normativa, el mayor verá incrementada su pensión en un 3% por cada año que trabaje hasta alcanzar los 70 años, cuando este aumento será de un 15%. Tomando como referencia los últimos datos oficiales sobre la pensión media de jubilación en la Comunidad Valenciana, que en el pasado mes de octubre se elevó a 619 euros - 145 euros menos que la media nacional - , los trabajadores que deseen sumarse a esta medida y retrasen cinco años su jubilación verían incrementada su pensión media en 92,85 euros hasta los 711,85 euros.

Caldera explicó que la edad media de jubilación en España está subiendo y «ya hay personas que están esperando a acogerse a esta media», que es voluntaria y que se ha establecido gracias a un acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos. Esta normativa dará una «buena perspectiva de futuro para el mantenimiento de la Seguridad Social», dijo Caldera, que aseguró que favorecerá la sostenibilidad del sistema de protección social en un contexto en que la tasa de natalidad desciende y en el que las personas viven cada vez más años. Aunque en España la población activa sigue creciendo, el cambio demográfico obliga a fomentar medidas de este para el futuro, aseguró. Caldera apuntó la necesidad de que los países se adapten a la «revolución silenciosa» que supone el progresivo envejecimiento de la población. Así, destacó que en España la esperanza de vida se sitúa en los 80 años, siendo «uno de los países más longevos del mundo». En España, residen 7,5 millones de personas mayores de 65 años, el 17 por ciento de la población.

Inflación Por otro lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que el Ejecutivo está tratando de paliar, dentro de sus competencias, el impacto de la subida del crudo y del precio de los alimentos. Así, aseguró que, en primer lugar, el Ejecutivo está realizando un esfuerzo por reducir la dependencia de España respecto a las energías fósiles y está impulsando en paralelo la utilización de las energías renovables. En segundo lugar, señaló que el Gobierno persigue, frente a la UE, un incremento de la oferta de cereales y de la producción comunitaria, así como una reducción arancelaria de las importaciones.

Zapatero admitió que el dato del IPC armonizado de octubre (3,6%); es «malo», si bien aseguró que «nada tiene que ver con la gestión del Gobierno» por cuanto sus causas se encuentran en el fuerte incremento de los precios del crudo y en el encarecimiento de algunos alimentos por la escasez de cereales.

El presidente del Gobierno recordó así que la española es una economía abierta, y por tanto está «sujeta» a la variación de los precios internacionales de determinados productos, especialmente de materias primas, que en esta ocasión han tenido una evolución negativa que ha pesado en la inflación.