EFE
Según estas fuentes, Pérez Escolar murió el pasado viernes por la noche en la clínica Ruber Internacional después de que su estado de salud empeorase hace varios días como consecuencia de un infarto cerebral.
Tras una misa por su alma fue enterrado ayer, domingo, en el Cementerio de San Isidro, en una ceremonia que se desarrolló en la más estricta intimidad, pues uno de los deseos del ex consejero de Banesto era que los ejecutivos del Banco de Santander no se enterasen de su muerte.
Con más de una treintena de litigios judiciales contra Botín y los bancos del Grupo Santander a sus espaldas, este letrado especializado en asuntos empresariales intentó prolongar sus habituales protestas en las Juntas de Accionistas del Santander, trasladándolas a los despachos judiciales.
Rafael Pérez Escolar comenzó a trabajar a los dieciséis años en Banesto, donde llegaría a consejero en la época de Mario Conde, puesto del que sería destituido en 1993 tras la intervención del Banco de España, que lo adjudicó después al Grupo Santander.
Huérfano desde muy niño, tuvo que trabajar para costearse la carrera de Derecho y los estudios para oposiciones a la judicatura, que ganó, aunque no llegó a ejercer porque los cincuenta años de trabajo en Banesto le llevaron a desempeñar varios cargos en la empresa privada y pública.
Precisamente por su actuación en Banesto los tribunales le condenaron a diez años de prisión, por estafa y apropiación indebida, y a indemnizar a la entidad financiera con 4,9 millones de euros.
Tras permanecer encarcelado 54 días en 2002, Pérez Escolar, aficionado a la historia y el arte de Castilla y dueño de una abadía en Burgos, hizo valer su trayectoria profesional para defenderse en la ejecución de la sentencia del caso Banesto -ahora filial del Santander- y acusar en varios litigios presentados contra el banco de Botín, sus directivos y algunas de sus operaciones.
Otro de los habituales en las intervenciones de protesta realizadas en las Juntas de Accionistas del Banco Santander, Franco Otegui, fue el primero que presentó la demanda contra Emilio Botín y el ex consejero del Banco Santander Central Hispano (SCH); José María Amusátegui por el bono de jubilación de éste último.
A esta acción se sumó Rafael Pérez Escolar, que demandó a Ángel Corcóstegui y Botín por la otra indemnización recibida del SCH.
El ex consejero de Banesto, autor de ocho libros jurídicos y una novela -"Juez de tinieblas"-, justificaba su intervención en estos litigios judiciales en el cumplimiento de "un deber de conciencia, conociendo siempre quiénes son mis enemigos".
Pérez Escolar libró otra gran batalla jurídica en diciembre de 2006, aunque no terminó como él esperaba, ya que la Audiencia Nacional declaró el sobreseimiento libre sobre el caso, el de las cesiones de crédito de nuda propiedad del Banco Santander, lo que liberó a Botín de una carga que le perseguía desde hacía catorce años.
Y más recientemente, en febrero de este mismo año, la Audiencia Provincial de Cantabria archivó el procedimiento abierto contra Botín y otros ocho ejecutivos de la entidad por la presunta comisión de varios delitos derivados de la entrega del 1 por ciento de las acciones de Banesto a 13 directivos en 1994.
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