JORGE FAURÓ
E
l empresario alicantino Enrique Ortiz, que adquirió hace un año terrenos de la zona de expansión de Terra Mítica (Benidorm); para construir 2.000 apartamentos y un hotel de lujo, negocia ahora quedarse con los derechos sobre parte de otras parcelas expropiadas hace más de diez años por la Generalitat y que forman parte del área de reserva anexa al parque temático.
Bajo el gobierno de Eduardo Zaplana, la Administración autonómica expropió en 1997 alrededor de 10 millones de metros cuadrados en la partida El Moralet (a caballo entre Benidorm y Finestrat); para levantar un área lúdica con Terra Mítica como epicentro. Un millón de metros los ocupó la atracción. El resto se repartió entre campos de golf, hoteles de lujo, el complejo Terra Natura y un área destinada a hoteles. La Generalitat, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, conserva 750.000 metros cuadrados de aquella expropiación. Varios de los antiguos propietarios de esos terrenos, disconformes con el precio pagado por la Administración, pleitearon ante los tribunales, que en varios casos han fallado a favor de los dueños. La mayoría se acogieron al derecho de reversión, es decir, a la posibilidad de recuperar sus parcelas si se modifica el uso urbanístico del terreno y se le otorga una calificación distinta para la que fueron expropiados.
Ortiz compró hace un año una parcela propiedad del parque temático tras modificarse su uso urbanístico, lo que permitió al complejo levantar la suspensión de pagos. Pese a que las condiciones de uno y otro terreno son diferentes, el empresario incluyó como condición para ultimar el negocio que una parte del dinero abonado a Terra Mítica se reservara como depósito ante imponderables relacionados por hipotéticas demandas de antiguos expropiados.
El máximo accionista del Grupo Cívica negó ayer a este periódico que se haya fraguado cualquier operación con ex propietarios, aunque fuentes empresariales y de la Administración reconocieron que el constructor ya ha negociado, al menos, con uno de los dueños originarios la compra de sus derechos de reversión sobre la propiedad.
El objetivo de Ortiz es garantizarse que si en el futuro se modifica la tipología urbanística de las parcelas públicas del área de expansión, sea con él con quien tenga que entendérselas la Generalitat para así poder negociar la edificabilidad del terreno.
De entre los terratenientes que se opusieron hace más de una década a la expropiación y litigaron con la Administración, al menos cuatro han obtenido el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En varias sentencias, los jueces han determinado que el dinero de las expropiaciones no correspondía al valor real del suelo y la Generalitat ha sido condenada a pagar más de 106 millones
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