El Banco de España sitúa a Alicante entre las provincias con mayor déficit de vivienda nueva

En España se construyen muy pocas viviendas para el volumen de nuevos hogares que se crean anualmente y Alicante es una de las provincias donde el desajuste entre la oferta y la demanda es mayor. Así lo pone de manifiesto un informe del Banco de España que sitúa esta escasez de inmuebles de obra nueva como el principal factor que ha endurecido el acceso de una parte cada vez más considerable de la población a una casa en condiciones, lo que está afectando especialmente a los jóvenes y la población inmigrante.

De esta forma, el supervisor ha cruzado el número de hogares que se crean anualmente en el país con el volumen de viviendas que se edifican y el resultado es que solo en los dos últimos años, entre 2022 y 2023, hubieran sido necesarios hasta 365.000 inmuebles más para igualar oferta y demanda. Una situación que se arrastra desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Si se tienen en cuenta las proyecciones para 2024 y 2025, el déficit estimado se eleva por encima de las 600.000 casas para el conjunto del periodo.

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Los autores del estudio señalan, además, que este problema se concentra de forma especial en aquellas áreas geográficas donde más crece la población. Unas zonas que coinciden con las grandes áreas metropolitanas y los principales núcleos turísticos, cuya economía se muestra más dinámica y es la que atrae a un mayor volumen de inmigrantes. De esta forma, el estudio sitúa específicamente a las provincias de Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid como el epicentro de esta situación, al concentrar por sí solas más de la mitad de todos los nuevos hogares en este periodo.

Autonomías

Aunque el documento no llega a ofrecer las cifras concretas para estas provincias, los datos por comunidades autónomas ya dan una idea de la situación. De esta forma, la autonomía con el mayor déficit de vivienda es Cataluña, donde serían necesarias hasta 138.000 viviendas más. Le sigue Madrid, donde la diferencia entre la demanda potencial y la oferta llega a las 124.210 unidades en estos cuatro años, y la Comunidad Valenciana, donde serían necesarias hasta 109.110 casas adicionales.

En el caso de la autonomía, el informe señala que en los dos últimos años se han constituido hasta 84.390 nuevas familias mientras que la oferta de nueva construcción apenas ha alcanzado las 15.690 viviendas, lo que arroja un déficit de 68.700 casas. De cara a 2024 y 2025, el supervisor estima que se crearán otros 60.660 hogares, mientras que la cifra de visados –que da una idea bastante exacta de cuál será la actividad de la construcción en los próximos dos ejercicios- apenas llega a 20.260. Es decir, que el déficit aumentará en otras 40.400 viviendas al finalizar el periodo.

Entre las causas de esta rigidez de la oferta, los expertos del Banco de España citan varios factores como la escasez de suelo finalista y de mano de obra para la construcción, el aumento de los costes de producción o las dificultades para desarrollar nuevo suelo urbano.

También se apunta al reducido volumen que supone la rehabilitación de viviendas, la falta de adecuación de las casas antiguas a las nuevas demandas del mercado o el auge de usos alternativos de los inmuebles, como son el alquiler vacacional o de temporada.

Precios

El estudio señala que la puesta en el mercado de un número considerable de inmuebles de segunda mano ha contribuido a dar una solución a este problema, aunque no ha impedido que los precios se hayan incrementado de forma constante desde 2014, lo que se ha traducido en una mayor tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda en propiedad. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana quien quiera comprar un piso en el centro de una ciudad ya debe destinar el equivalente a casi ocho años de su salario, una cifra que se reduce hasta los cinco años si opta por la periferia, aunque en este caso el problema suele ser la falta de transporte público.

A su vez, la incapacidad de capas cada vez más amplias de la población de acceder a una casa en propiedad se ha traducido en una mayor presión en los precios de los alquileres, un mercado que tampoco ha sido capaz de absorber toda la demanda generada. Esto ha provocado que hasta el 45% de los inquilinos en los centro urbanos de la autonomía esté realizando un sobreesfuerzo para pagar su renta o, en otras palabras, de debe destinar a este fin más del 40% de sus ingresos totales.

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Ante esta situación, el Banco de España pide un pacto entre administraciones para atajar el problema, con el fin de tomar medidas que duren en el tiempo para que surtan efecto. Unas medidas entre las que cita las de revisar la tributación de la vivienda, impulsar el alquiler social, mejorar las políticas de gestión del suelo y ofrecer mayores garantías a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado.

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