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La Audiencia frustra el intento de frenar el proceso por los negocios de la CAM en el Caribe

El expresidente de la comisión del control y otros tres procesados plantearon que un magistrado estaba «contaminado» - El tribunal lo rechaza

Deniegan que se frene el proceso por los negocios de la CAM en el Caribe

El tribunal de la sección tercera de la Audiencia Nacional ha echado por la borda la pretensión de parte de los procesados en la causa que investiga los negocios de la CAM en el Caribe de frenar el proceso. La sala ha resuelto que, en contra de lo planteado por quien fuera presidente de la comisión de control de la caja Juan Ramón Avilés y otros tres investigados por estos hechos, uno de los magistrado que ordenó a la instructora reabrir la parte que había archivado del procedimiento, Juan Pablo González, no está contaminado porque su intervención previa no le sitúa en ninguno de los supuestos que habrían incompatible una actuación posterior.

Esta causa indaga las supuestas irregularidades en las inversiones hoteleras que realizó la CAM en el Caribe a través de la sociedad Valfensal. Tras la reapertura de la parte archivada, la juez Carmen Lamela ordenó el procesamiento de trece personas por los supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, además de un posible delito fiscal, en el caso de los socios de la entidad. Se trata del exdirector general Roberto López Abad; el exresponsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil, y los exejecutivos César Véliz y Vicente Sánchez; además de los empresarios Juan Ferri y José Baldó (socios de la entidad en estos negocios), y uno de sus empleados, Francisco Climent.

La juez también propone que se juzgue a seis miembros de la comisión de control de la CAM, que formaban parte de la denominada comisión de control de TIP (la filial con que la entidad realizaba sus inversiones inmobiliarias) y que, según el Fondo de Garantía de Depósitos, tenían conocimientos suficientes para analizar las operaciones que, se supone, debían supervisar. Son su expresidente Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau (detenido ayer en el marco de la operación en la que fue arrestado el exministro Eduardo Zaplana, del que era su asesor fiscal) y José Manuel Uncio, que también llegó a ser director del Instituto Valenciano de Finanzas con el PP.

Avilés y el resto de los recurrentes plantearon un incidente de nulidad porque el magistrado fue miembro de tribunal que acordó continuar con el proceso cuando previamente había tomado declaración a un inspector el Banco de España en el marco de esta investigación.

Ningún motivo de nulidad existe para la sala, que distingue «entre aspectos que supongan presupuestos procesales, personación de partes o temas exclusivamente formales y aquellas otras decisiones de fondo que impliquen la dirección de las actuaciones hacia un imputado valorando los indicios racionales de criminalidad que han de conformar su posición en el proceso».

El tribunal, que ha estimado los argumentos de la acusación particular que se ejerce en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos, destaca que «en fase de instrucción es frecuente que los mismos magistrados se pronuncien en sucesivas ocasiones sobre cuestiones de fondo sin que por ello se cuestione su imparcialidad». El auto, contra el que no cabe recurso, concreta que tampoco puede alegarse indefensión por parte de los recurrentes.

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