El empresario alicantino Rafael Galea está a un solo paso de sentarse en el banquillo por las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto Novo Carthago, una macrourbanización de hasta 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf que su promotora, Hansa Urbana, pretendía construir en una zona protegida del municipio de Cartagena. El juzgado de Instrucción número 2 de Murcia acordó ayer el procesamiento del promotor por un supuesto delito de cohecho en un auto en el que también acerca al banquillo a otros 11 investigados, entre ellos a tres exconsejeros del Gobierno murciano que, supuestamente, habrían modificado importantes leyes de la Región con el único objetivo de facilitar la aprobación del plan.
Por contra, el auto, que supone el fin de la instrucción del caso, decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias contra otra docena de investigados, entre los que destaca el exalcalde de Alicante y exdiputado autonómico Ángel Luna, que trabajó para la compañía alicantina y realizó diversas gestiones relacionadas con el proyecto sin que la juez haya encontrado indicios de delito en las mismas.
El caso de Novo Carthago ha supuesto uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística en la comunidad vecina en el que, incluso, se llegó a investigar la posible implicación del que fuera presidente de la Región Ramón Luis Valcárcel y, en concreto, si Hansa Urbana había promovido la contratación de la hija del político y le había hecho un considerable regalo de boda a cambio de favores en la tramitación del proyecto. Unos hechos que la instructora no considera suficientemente acreditados.
Cambiaron la ley
El proyecto arrancó en 2002 cuando Hansa adquirió por alrededor de 20 millones cinco fincas rústicas a sabiendas «de que en una parte de esos terrenos no se podía construir», según el relato de la juez, al tratarse de un espacio de especial protección en la zona conocida como el Saladar de Lo Poyo, en Cartagena. Sin embargo, pocos meses después de la operación el Gobierno murciano inició un cambio legislativo para modificar su Plan de Ordenación de Recursos Naturales, al que siguió también una reforma de la Ley del Suelo que posibilitaban la recalificación de los terrenos. Durante dicha tramitación se obviaron, según el auto, la necesidad de algunos informes y la Consejería de Medio Ambiente llegó a modificar la composición de su Comisión Técnica de Evaluación, supuestamente, para facilitar la necesaria Declaración de Impacto Ambiental.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Cartagena promovió también una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana para hacer posible la recalificación de los terrenos, unos cambios que luego anuló el Tribunal Supremo. Igualmente, el proyecto nunca llegó a ejecutarse porque también la Unión Europea se negó a rebajar la protección de la zona.
Una casa a mitad de precio
En cuanto a la acusación concreta contra Rafael Galea, la juez le atribuye un posible delito de cohecho por la posible «entrega de dádivas por cuenta de Hansa Urbana a funcionarios públicos con la finalidad de que éstos dictaran resoluciones favorables al proyecto de Novo Cartago». En concreto, relata que la promotora alicantina vendió al entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués, una vivienda en Valencia por la mitad de su precio de mercado, lo que supone «un claro trato de favor», según el informe que realizó la UDEF.
Igualmente, la instructora señala que la asesora del consejero de Agricultura María Antonieta Fernández recibió ingresos no justificados de 125.000 euros en diversas tandas, coincidiendo con los cambios legislativos que se hicieron para facilitar el proyecto. Unos ingresos que, si bien la juez reconoce que «no constan fehacientemente vinculados con Hansa Urbana», señala que fueron «en fechas coincidentes» con la tramitación del PGOU.
Además de este caso, en la actualidad la Justicia también investiga las relaciones de Hansa Urbana con la CAM, entidad que era propietaria del 30 por ciento de la compañía.
