Todos los grupos del Congreso han llegado este lunes a un acuerdo para que los 120 millones comprometidos a comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incluyan finalmente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

A través de un texto transaccionado, recogido por Europa Press, los partidos de la Cámara pretenden incluir en los presupuestos la transferencia de esa cantidad a administraciones regionales y locales. El objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo, es que estas dispongan de los fondos para aplicar las medidas que en él se incluyen para luchar contra esta lacra.

Se trata de una demanda que socialistas y otros grupos de la oposición venían reclamando desde que se presentaron las cuentas, el pasado abril. En concreto, denunciaban que la cuantía prometida para las administraciones regionales (100 millones) y locales (20 millones) no estaban recogidas en una partida finalista, tal y como se especificaba en el pacto.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, se ha felicitado por el acuerdo:

El Gobierno, por su parte, defendió que las comunidades debían cumplir con el Pacto a través de sus propios recursos aprovechando los fondos de la financiación autonómica. Según explicó la propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estos recursos aumentaron en el proyecto de 2018 precisamente para que las administraciones pudieran ejecutar estos compromisos.

Con el visto bueno del PP, la enmienda transaccional que se votará este martes garantizará el cumplimiento de lo aprobado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en donde el Gobierno se comprometió a invertir 1.000 millones en los próximos cinco años, a razón de 200 millones anuales. Además de los 120 para comunidades y municipios, el proyecto de ley de Presupuestos ya reservaba 80 millones para políticas del Estado.

Pendientes del apoyo del PNV

El debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ha comenzado hoy en el Pleno del Congreso, tras su paso por la Comisión, sin tener la garantía de que el PNV se alineará con el PP en las votaciones que tendrán lugar a partir de este martes, ya que en Cataluña sigue en vigor el artículo 155.

La tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos ha continuado en la tarde de este lunes en el Congreso con el debate del dictamen y de las más de 6.000 enmiendas que han quedado vivas en la Comisión de Presupuestos y ya se ultima un acuerdo para incrementar a 200 millones la dotación para luchar contra la violencia de género, como recogía el pacto de Estado.

Sin embargo, los presupuestos están pendientes del apoyo del PNV, ya que sus cinco diputados son claves para que el Gobierno sume mayoría y pueda sacar adelante todas las secciones ministeriales a partir de mañana, ya que en el caso de que alguna de las votaciones no alcance 176 diputados los Presupuestos serían rechazados automáticamente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado en la responsabilidad de los partidos para que, con su voto, permitan que prosiga la tramitación del proyecto de ley ya que buscan que la recuperación económica "llegue a más rincones del país y a más familias".

Hoy, durante del debate en el Pleno, el diputado Jaime de Olano ha subrayado que estas cuentas son "un paso más" en el proceso de transformación económica de España e incluyen mejora de pensiones, de becas, rebajas fiscales y deducciones para guardería.

El portavoz presupuestario socialista, Javier Lasarte, ha criticado el "modelo ideológico" del Presupuesto porque "reduce la presencia de lo público" y es antisocial.

El diputado de Unidos Podemos Segundo García también ha rechazado las cuentas porque consolidan los recortes de la crisis y no responden ni a las demandas de los pensionistas ni a los acuerdos del pacto de Estado contra la violencia machista.

En cambio, el diputado Francisco de la Torre (Ciudadanos) ha defendido la necesidad de contar con unos presupuestos en un momento de "grave crisis" en Cataluña y, en particular, medidas como la bajada del IRPF para rentas bajas o la subida del sueldo de los funcionarios.