El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la pieza que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al considerar que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran este producto con el objeto de engañar a los inversores. En el auto, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en su último informe aseguraba que esta posibilidad «ni siquiera era fácilmente predecible en 2009» y rechazaba que los comerciales «recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados». Para el Ministerio Público, «resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado» por Caja Madrid o por Bancaja, principales entidades que posteriormente pasaron a integrarse en Bankia, para engañar a los potenciales inversores. Iniciadas en 2013, las pesquisas por presunta estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y administración desleal se dirigían contra la antigua cúpula de Caja Madrid.

Se pretendía esclarecer «si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera» el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas «utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia». De este modo, se insta a los afectados a defender sus intereses en un procedimiento al margen, especialmente por la vía civil, «reservando la penal para aquellos casos individuales en los que se ha detectado indicios de delito de estafa por parte del empleado del banco» o por supuesto «abuso de la incapacidad» del inversor.

Bankia ha devuelto 2.800 millones a titulares de preferentes y subordinadas emitidas por las cajas que constituyeron la entidad (Bankia nunca ha emitido preferentes). De esa cifra, 1.700 millones han sido por la vía judicial y 1.100 millones a través del proceso de arbitraje, según fuentes del banco.