Cinco años después de que se desgajara de la causa principal abierta por la gestión de la CAM, el lunes comienza en la Audiencia de Alicante el juicio por el cobro por parte del último presidente de la entidad, Modesto Crespo, de 600.000 euros en dos años en concepto de dietas, parte de ellas con carácter retroactivo. Un proceso que sentará en el banquillo, además de al empresario ilicitano, al exdirector general de la caja Roberto López Abad y a los 21 miembros del consejo de administración que dio luz verde a los pagos.

Será Felipe Briones quien ejerza la acusación pública, que pide hasta cuatro años de prisión para el empresario ilicitano y otros tantos para López Abad por un delito de apropiación indebida agravada o, alternativamente, uno de administración desleal. Crespo en concepto de autor y López, como inductor o cooperador necesario.

Anticorrupción sostiene que el exdirector general «ideó un plan para burlar los límites que existían en la percepción de las retribuciones» para pagar al entonces presidente, además de las dietas a las que tenía derecho, otros 300.000 euros anuales. Para ello, según el relato del fiscal, López Abad propuso primero a la comisión de retribuciones y después al consejo de administración que se nombrase a Crespo presidente de una participada (Tinser Cartera S. L.) y se le retribuyese con 300.000 euros al año como si se tratase de una dieta.

Tanto la comisión de retribuciones, compuesta por el vicepresidente Antonio Gil-Terrón y los consejeros Martín Sevilla y Luis Esteban, como el resto de los miembros del consejo de administración dieron el visto bueno. Una afirmación del fiscal que niega la mayoría de los consejeros, quienes afirman que la retribución jamás se vio en el consejo y que fue posteriormente introducida manipulando el acta.

A los 21 consejeros la acusación pública les considera autores, al igual que a Crespo, de un delito de apropiación indebida o administración desleal, aunque en la petición de penas distingue entre los que formaban parte de la comisión de retribuciones (la primera que dio el visto bueno a la propuesta), para los que pide 3 años de prisión, y el resto, a los que reclama dos. Las multas, en total, superan el 1,2 millón de euros.

Para López Abad éste será su tercer juicio por la gestión en la caja. Fue absuelto en el primero y condenado a 3 años en el segundo, aunque la sentencia está pendiente del Supremo. Crespo se enfrenta a su segundo tras ser absuelto en el del falseo de la cuentas.

La Fundación CAM se retira

El fiscal será la única acusación después de que la Fundación CAM se haya retirado del proceso. En un escrito presentado ayer, la heredera de la Obra Social comunica a la Audiencia que «se haya inmersa en un plan de viabilidad para salvaguardar el patrimonio cultural que gestiona», lo que le obliga a una «contención de gastos». Recuerda que durante toda la investigación ha ejercido su posición como acusación para el esclarecimiento de unos hechos que considera «indiscretamente relevantes» y que, llegados a este punto, entiende «cumplido su principal objetivo de poner en manos de la Justicia el enjuiciamiento de unos hechos presuntamente delictivos, para lo que confía en el tribunal y en el fiscal como garante de la legalidad» y de su condición de «víctima y perjudicada».