Una condena de un año de prisión, frente a los cuatro que pedía el fiscal, y la devolución de los 600.000 euros cobrados de la CAM en concepto de dietas, un abono que se produciría a lo largo de los próximos dos o tres años en cómodos plazos. Éste es el principio de acuerdo alcanzado entre la letrada Adriana de Buerba, defensa del último presidente de la caja, Modesto Crespo, y el fiscal Felipe Briones. Un pacto que se encuentra a expensas de que lo ratifique el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y cuyo visto bueno no se conocerá probablemente hasta el lunes, cuando está señalado el inicio del juicio por estos hechos por los que también está acusado el exdirector general Roberto López Abad y los 19 miembros del consejo de administración de la caja que dio luz verde a los pagos.
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Las negociaciones, que comenzaron la semana pasada y a punto estuvieron de cerrarse el martes, fructificaron ayer con el acuerdo de que el empresario ilicitano se declare culpable de lo que se le acusa: cobrar de la caja en dos años 600.000 euros en concepto de dietas, parte de ellas con carácter retroactivo, sin ninguna actividad que lo justificase, convirtiéndose así en el único presidente de la historia de la entidad que percibía una remuneración por ocupar este cargo. Eso y devolver el dinero como requisito imprescindible.
A cambio, Briones aceptaría rebajar de cuatro a un año la pena de prisión que se le pide por un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal. Una condena que evitaría al empresario el ingreso en prisión.
La abogada del empresario habría trasladado al fiscal que su cliente ya no soportaba más presión, que tiene problemas personales y familiares y que no se veía con fuerzas para aguantar el juicio.
La noticia corrió ayer como la pólvora por Alicante y Elche y entre los abogados de los otros veinte acusados en este proceso, a los que Crespo ha dejado con el culo al aire al admitir los hechos.
La mayor parte de los consejeros ha mantenido a lo largo de la instrucción que al consejo de administración de aquel 27 de noviembre de 2009 se llevó el nombramiento de Crespo como presidente de Tinser, una participada de la caja, pero no que por ello fuera cobrar 300.000 euros al año. De hecho, estos consejeros a los que el visto bueno a los pagos ha arrastrado hasta el proceso, sostienen que aprobaron el nombramiento pero no la cantidad que iba a percibir, algo que aseguran que desconocían.
Falta ahora saber qué hará el resto de acusados tras el viraje de Crespo para llegar al acuerdo con la acusación pública. Aunque la mayoría entiende que, una vez admitidos los hechos por el empresario, el fiscal debería retirar los cargos para el resto, no descartan que la solución final pudiera pasar por que también ellos confesaran que dieron luz verde a los pagos a cambio de un pena simbólica.
También había ayer quienes, descolocados por la actuación del expresidente, manifestaban su intención de seguir adelante con el proceso para demostrar que nada sabían de esos 300.000 euros que insisten en que introdujeron posteriormente en el acta manipulándola. Una minoría que a medida que fue discurriendo la jornada fueron repensando la idea hasta desecharla. El lunes, en la primera sesión del juicio, se despejarán las dudas.
Anticorrupción sostiene que López Abad «ideó un plan para burlar los límites que existían en la percepción de las retribuciones» para pagar al entonces presidente, además de las dietas a las que tenía derecho, otros 300.000 euros anuales. Para ello, propuso primero a la comisión de retribuciones y después al consejo de administración que se nombrase a Crespo presidente de Tinser Cartera y se le retribuyese con esa cantidad al año como si se tratase de una dieta.
