Que cierre la única sucursal bancaria del pueblo no es el fin del mundo pero puede complicar bastante la existencia de sus residentes. Sobre todo para la población de mayor edad, poco diestra en las nuevas tecnologías y que tampoco tiene la facilidad para desplazarse donde sea necesario, como hacen los más jóvenes. Además, la marcha de la entidad contribuye aún más al proceso de abandono y al declive económico que suelen sufrir estas pequeñas poblaciones. Lo sabe muy bien la alcaldesa de Benilloba, Ana Delia Gisbert, que en mayo del año pasado vio cómo se cerraba la última sucursal que quedaba en el municipio.
«Dejaron el cajero pero, sin personal que lo cuide, la mitad de las veces no funcionaba o se quedaba sin dinero. Se notó en todo. Los puestos del mercado se resintieron porque antes la gente de otros pueblos venía aquí a sacar dinero y, de paso, hacía la compra. Los comercios no tenían donde ingresar la caja, era un desastre», señala la edil, que recuerda que algunos residentes «llegaron a dar poderes a los hijos para que les trajeran dinero cuando venían al pueblo el fin de semana o cada 15 días». Gisbert se movió, salió en los medios para denunciar la situación y, finalmente, logró que una entidad -la Caja Rural de Castilla-La Mancha- decidiera abrir una oficina en el municipio en diciembre del año pasado.
El caso de esta pequeña población de El Comtat es absolutamente excepcional porque lo normal es que, cuando un banco se marcha, ya nadie lo sustituya. De esta forma, tras una década de crisis y reestructuración financiera, el número de poblaciones alicantinas sin sucursal bancaria ha pasado de 24 a 41, lo que significa que prácticamente uno de cada tres municipios de la provincia (el 29% de los 141 que existen, para ser exactos) ya no tiene banco, según el análisis realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Evidentemente se trata de las localidades de menor tamaño de la zona -sólo dos, Llíber y Alcalalí, superan el millar de habitantes- pero, si se suman todas, significa que más de 15.500 alicantinos ya están en riesgo de lo que se ha denominado «exclusión financiera». Son más del doble que antes de la recesión, cuando se encontraban en esta situación algo más de 7.000 residentes de la provincia, y la cifra podría incrementarse significativamente a medio plazo si se tiene en cuenta que, según este mismo informe, en otras 25 poblaciones que reúnen a unos 33.000 vecinos ya sólo queda una entidad.
En el conjunto de España, la cifra de residentes en pueblos donde ya no quedan sucursales asciende a 1.256.590, un 34% más que antes de la crisis.
Nuevos recortes
El autor del informe y director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos, se muestra convencido de que el fenómeno irá afectando cada vez a poblaciones de mayor tamaño. «El sector financiero todavía tiene un exceso de capacidad y una rentabilidad muy baja, lo que aboca a nuevos cierres de oficinas para ganar eficiencia», señala el experto, que recuerda que, a pesar de los recortes de estos años -en Alicante han desparecido el 45% de las sucursales que había en 2008 y en el conjunto del país el 40%-, en España aún hay muchos más bancos que en el resto de Europa. En concreto, una oficina por cada 1.600 habitantes frente a los 2.200 media de la UE.
«Nunca llegaremos a esa media porque tenemos menor densidad de población, la gente está más dispersa, pero queda margen», asegura. En este sentido, Maudos defiende que no se puede culpar a las entidades de la situación, como hacen muchos de los residentes de las zonas afectadas. «Los bancos tienen que ser rentables, de lo contrario vamos por mal camino», insiste, y cree que debe ser la acción pública la que compense la desaparición de las entidades privadas.
Para empezar, garantizando una conexión de internet en condiciones, que permita a los residentes de estas zonas operar a través de las páginas web de sus entidades. Pero también, por ejemplo, ofreciendo servicios ambulantes o colaborando con los bancos para facilitar su permanencia. Por ejemplo, algunos ayuntamientos están cediendo espacios en instalaciones municipales para que las entidades accedan a mantener en el pueblo aunque sea un cajero automático.
Aún así, como reconoce el alcalde de Penáguila, Joaquim Ballart, se trata de una solución insuficiente. «El 80% de nuestra población son jubilados. A poco que les cambian, ya no se aclaran con el cajero y si necesitan hacer cualquier otra gestión, ya no pueden. Al final les toca ir buscando quién los lleva y quién los trae a Cocentaina o Alcoy», se lamenta.
No obstante, también es cierto que el banco no es lo único que echan en falta en estos municipios -también es habitual que no haya farmacia ni supermercado- por lo que la gente ya está acostumbrada a este tipo de desplazamientos, como apunta el funcionario municipal de Llíber, Juan Martínez. «Por suerte, estamos a poco más de un kilómetro de Xaló y la gente va, incluso, andando», apunta.
Castilla y León, la más afectada
A pesar del aumento de los últimos años, lo cierto es que en Alicante el porcentaje de población afectado por este fenómeno es bajo, de apenas un 1% del total. Nada que ver con la situación que se vive en otras provincias, en especial las castellanoleonesas, donde la cifra de afectados se dispara. Así, en Zamora hasta el 26% del censo reside en municipios sin servicios financieros, en Segovia son el 23% o en Ávila, un 21,4%, según el estudio del Ivie. En la Comunidad, es Castellón la más afectada, con un 5,6% de su población excluida.
