Cuando en abril del año pasado la Comisión Europea impuso a los principales fabricantes de camiones la mayor multa de su historia -casi 3.000 millones de euros-, la indignación cundió entre los transportistas de todo el continente. Durante más de 14 años, desde 1997 hasta 2011, MAN, Volvo/Renault, Daimler-Mercedes, Iveco y DAF estuvieron pactando los precios de sus vehículos, lo que supuso para los compradores un sobreprecio aproximado del 10% que, lógicamente, ahora quieren recuperar.
En toda Europa son miles las demandas que se han presentado contra estas marcas y, en el caso de Alicante, sólo a través de la Federación Provincial del Transporte (Fetrama) ya son más de 170 las empresas y profesionales que han decidido denunciar, según los datos facilitados a este diario por el secretario general de esta organización, Francisco Ortiz. En total, estos transportistas reclaman que se les devuelva todo lo que pagaron de más en su día por unos 800 camiones.
Lo que no está claro es la cantidad que percibirán ya que dependerá del informe pericial que se realice en cada caso aunque, según las estimaciones realizadas hasta la fecha por los bufetes que llevan estos casos en toda Europa, la cifra podría oscilar entre los 5.000 y los 20.000 euros por vehículo.
En este sentido, hay que tener en cuenta que, además de elevar los precios artificialmente, el cártel también pactó retrasar la introducción de determinadas mejoras tecnológicas para reducir las emisiones, lo que afectó al consumo de los camiones, por lo que también se reclama una compensación por este motivo que elevará las cifras.
«Nuestros principales costes son el combustible y la amortización del camión. Si nos subieron los precios y nos hicieron consumir más está claro que nos perjudicaron gravemente», apunta Ortiz.
El 90% de las matriculaciones
El pacto entre los fabricantes de camiones se destapó cuando uno de ellos, MAN, decidió acogerse al programa de clemencia de la Comisión Europea y confesó a cambio de librarse de la multa. Según la resolución de Bruselas, las marcas mantuvieron durante 14 años un pacto secreto en toda Europa para evitar que la competencia entre ellas les obligaran a reducir sus tarifas, un hecho que afectó gravemente al mercado ya que los sancionados son los responsables de la comercialización del 90% de los vehículos pesados que se venden en el continente.
Daimler-Mercedes fue la que recibió el mayor castigo, con 1.008 millones; seguida por DAF, con 752 millones; Volvo/Renault, con 670; e Iveco, con 494 millones.
Inicialmente, Scania no fue incluido en el expediente pero fue sancionado posteriormente por los mismos actos, lo que ha ampliado el plazo para denunciar.
