El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado recoge un aumento de los impuestos a los carburantes en nueve comunidades autónomas - Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco-, debido a la supresión del tramo autonómico en el Impuesto Especial de Hidrocarburos.

De salir adelante los Presupuestos, este tramo - que grava el litro de carburante con un máximo de hasta 4,8 céntimos por litro- se suprimiría y pasaría a estar integrado en el tramo especial, con lo que el gravamen subiría hasta los 7,2 céntimos por litro, según informa el diario 'El Mundo'.

Por otra parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha manifestado su "profundo desacuerdo" con algunas de las medidas incluidas en la propuesta realizada por el comité de expertos del Ministerio de Energía para la Transición Energética, por su "inconsistencia", y ha sugerido "no hacer chapuzas" respecto a aumentar un 28% el precio del gasóleo.

Durante las últimas semanas, la patronal ha estado redactando un informe, junto a KPMG, con el fin de dar una respuesta a las recomendaciones apuntadas por los expertos, en el que se recogen 89 medidas para alcanzar esa meta, de las que el 65% de ellas serían eficientes en términos de gasto y permitirían alcanzar la meta de reducir el 40% de emisiones de CO2 en España durante la próxima década.

En primer lugar, si bien el comité apunta a un escenario futuro en el que el precio de cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera se encuentre en un rango de entre 33 euros y 50 euros, según los cálculos de la AOP, el actual coste para el gasóleo ya se encuentra en los 200 euros por cada tonelada, lo que significaría "bajar el precio en vez de subirlo".

Por esta razón, el nuevo presidente de la asociación, Luis Aires, ha apuntado que "no se puede hacer chapuzas" en relación a la recomendación de los expertos de subir un 28% el precio del gasóleo o un 1,8% el de la gasolina. Según él, un mecanismo impositivo para aumentar los precios podría funcionar "si está bien diseñado", pero si no se hace junto a una política común con el resto de los países de la Unión Europea, España incurriría en una "falta de competitividad".