Nueve comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra- han denunciado hoy que la actual propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social en la que se reformulan varios programas destinados a parados de larga duración (Prepara, Programa de Activación de empleo, PAE, y la Renta Activa de Inserción, RAI) provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de su prestación, según informan fuentes del departamento de Empleo de la Generalitat en un comunicado.
El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha denunciado que esta actuación del Ministerio afectará a cerca de 35.000 personas desempleadas en la Comunidad.
Las nueve autonomías han presentado una propuesta para modificar el sistema de prestaciones por desempleo, que integre los programas destinados a parados de larga duración (Prepara, PAE y RAI) en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando, con su nueva formulación, que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones.
Estas autonomías inciden en que con la actual propuesta ministerial, un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas -que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018-, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.
Según las nueve comunidades, la propuesta del departamento de Fátima Báñez pone en "grave riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios", añade el comunicado. El coste anual de estos tres programas asciende actualmente a 1.200 millones de euros, "que con los recortes propuestos por el Ministerio deberían ser financiados por las autonomíasas para mantener el nivel de cobertura", incide la nota.
Ante este hecho, estas nueve comunidades han presentado un texto alternativo "que garantizará la percepción de estas ayudas" y también solicitarán la convocatoria extraordinaria de una Conferencia Sectorial monográfica para tratar esta cuestión, dado que este colectivo es el que mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad presenta", subrayan las mismas fuentes. El planteamiento de las comunidades es "hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual, y se amplíe en futuros ejercicios", añaden.
Compatibilidad entre prestaciones
La contrapropuesta incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.
Según el comunicado, el "nuevo intento de reducción del nivel de cobertura de las prestaciones por parte del Ministerio se da en un contexto de continuos recortes, que no han cesado desde la reforma del sistema de prestaciones aprobados por el PP en julio del 2012, y que supuso el origen de la caída del sistema de prestaciones, muy alejado ya de los niveles existentes en 2011", añaden.
El actual ciclo económico, debería permitir "que empezara a mejorar la situación de los desempleados y no seguir empeorándola", según los citados gobiernos autonómicos, por lo que hay que trabajar en un sistema "que mantenga y mejore la cobertura de las personas desempleadas. En especial, cuando la recaudación del Estado por cotizaciones de desempleo presenta un superávit que se acerca ya a los 3.000 millones de euros".
En este contexto, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha recordado que esta decisión se suma a la decisión del Ministerio en la pasada de Conferencia Sectorial de Empleo en la que se acordó que la Comunidad Valenciana recibirá del Estado 196,3 millones de euros para gestionar las políticas activas de empleo durante el año 2018, lo que implica que una persona desempleada de la Comunidad recibirá un doce por ciento menos de financiación para políticas de empleo que la media del Estado”.
