Los pensionistas de la provincia volvieron a salir ayer a la calle en Alicante, Callosa de Segura, Orihuela, Torrevieja, Ibi, Elda, Petrer, Monóvar o Benidorm en defensa del sistema público de pensiones y para reclamar unas «prestaciones dignas». Unas reivindicaciones que pasan por la eliminación de la «mínima» subida de las pensiones del 0,25%, así como por la adopción de medidas por parte del Gobierno para asegurar el sostenimiento público de las pensiones, «mediante reformas e imposiciones fiscales con arreglo a las necesidades del sistema y con la participación de los pensionistas en la solución del problema», según planteaba ayer Pere Llinares, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de l'Alacantí, convocante de la concentración en la capital.
Las movilizaciones en la provincia concentraron unas 300 personas en Torrevieja, más de doscientas en Alicante e Ibi y a decenas de jubilados en Benidorm, Orihuela o Callosa de Segura. La de Alicante se desarrolló al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Alicante y tendrá continuidad las próximas semanas. En concreto, «todos los lunes hasta que sea necesario», añadía Llinares, quien incidía en que las protestas son imprescindibles para conseguir que todas las pensiones, «por ley, suban tanto como el IPC y por encima del coste de la vida, las más bajas».
En este sentido, la plataforma -que forma parte de la coordinadora estatal- reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que «tanto las pensiones mínimas como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) lleguen a la cuantía de 1.080 euros al mes, como recomienda la Carta Social Europea. Una cantidad para que una familia pueda sobrevivir», subrayaba Llinares.
«Esto es un atraco» o «recuperad la hucha» fueron algunas de las denuncias que los pensionistas corearon durante su concentración en Alicante.
La plataforma, en línea con la coordinadora estatal, exige la derogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, y la de 2013, puesta en marcha por Mariano Rajoy, dado que consideran que son las que han derivado en el denominado índice de revalorización, que desvincula el incremento de las pensiones al IPC y fija la actualización en el 0,25%. Una subida que este año ha supuesto un aumento de dos euros al mes, en el mejor de los casos.
La plataforma denuncia que esta revalorización se mantiene en 2019 y advierte de que, «según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se aplicará hasta 2023. Y otros organismos la prorrogan aún más».
Por otra parte, el colectivo advierte que con la actual política de pensiones, los jubilados «no han hecho sino perder poder adquisitivo».
Medidas «insuficientes»
Y sobre las recientes mejoras que ha avanzado el Gobierno para las prestaciones más bajas, dentro de los Presupuestos Generales, la plataforma considera que «son insuficientes». Entre otras cosas, porque «solo una de cada cuatro pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada. Además, de que la ley ya establecía en el año 2013, por lo que lo que hacen es aplicarlas con años de retraso», criticaba Pere Llinares. Y, asimismo, valoran las medidas como «incompletas», porque en España, «unos 300.000 beneficiarios de pensiones de viudedad que no llegan a los 65 años no tendrán subida alguna».
Para asegurar el sostenimiento del sistema público, el colectivo de jubilados considera necesario «el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo», destacaba Pere Llinares.
Y de forma paralela rechaza la ampliación de la edad de jubilación derivada de las reformas y reivindica que esta vuelva a establecerse en los 65 años, «así como la recuperación de las pérdidas de poder adquisitivo en las cuantías de las prestaciones desde 2011». Otra de las actividades de la plataforma son las reuniones programadas con asociaciones de vecinos alicantinos para explicarles la situación e instarles que se sumen a las movilizaciones.
La concentración de ayer se suma a la que el domingo convocaron los sindicatos CC OO y UGT en Alicante y Elche.
En la provincia hay más de 312.000 pensionistas, con datos del mes de enero, y la prestación media supera mínimamente los 805 euros al mes, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
