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La AP-7, una autopista de nunca acabar

Mientras transportistas y residentes exigen la supresión de los peajes de la AP-7 cuando acabe el periodo de concesión, algunas organizaciones empresariales defienden mantener el pago para evitar que la vía se colapse

La AP-7, una autopista de nunca acabar david revenga

Casi medio siglo después de su adjudicación y 43 años desde que entrara en servicio el primer tramo construido la provincia, la concesión de la autopista AP-7 que explota Aumar expirará el próximo año sin que, hasta la fecha, esté claro cuál será el futuro de una carretera que ha sido una de las claves del enorme desarrollo turístico de la Costa Blanca pero que, al mismo tiempo, también ha sido motivo de queja constante de los residentes de la zona, por el agravio con otras regiones españolas que no sufren la carga de los peajes.

A pesar de que su antecesora, Ana Pastor, aseguró en su día que la vía sería completamente gratuita a partir de 2020, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tan sólo ha dejado claro que no habrá una nueva prórroga de la actual concesión -sería la cuarta- y que la carretera revertirá a manos del Estado. A partir de ahí, deja abiertas todas las posibilidades, desde una nueva concesión -con peajes como los actuales o blandos- hasta su liberalización total. «Será una decisión que deberá tomar el Gobierno en su momento», insistieron este mismo viernes a INFORMACIÓN fuentes oficiales de este departamento.

Esta misma semana el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca) planteaba el debate sobre el futuro de la autopista con la presentación de un estudio sobre las diversas posibilidades existentes, sin decantarse por ninguna de ellas. Un debate que se centra entre los que temen que una liberalización total acabará colapsando la vía y deteriorándola -dejando al norte de la provincia sin su principal arteria-, y los que consideran que la vía ya está más que amortizada y que los usuarios tienen derecho a utilizarla libremente tras más de 40 años de pagar por circular.

Rechazo social

Aunque el rechazo social al mantenimiento de los peajes sigue siendo patente lo cierto es que, a día de hoy, se han desactivado la mayoría de las plataformas y asociaciones que durante buena parte de los años noventa protagonizaron numerosas movilizaciones para exigir la gratuidad de la AP-7. «La gente se quema y, al final, lo acaba dejando», se lamenta el que fuera uno de los miembros más activos del colectivo «A7 sense peatge» y uno de los portavoces del grupo ecologista Xoriguer, Jaume Vaello, que, no obstante, se mantiene firme en su rechazo a una nueva concesión. «Yo creo que si se ha acabado, se ha acabado y ya está. ¿Por qué tenemos que seguir pagando los valencianos por circular cuando en otras partes de España no se hace? Pagamos los mismos impuestos y deberíamos tener los mismos derechos», asegura Vaello, que también rechaza que se siga desdoblando la N332 porque «supondría una nueva barrera medioambiental cuando ya existe una infraestructura capaz de cubrir las necesidades de transporte si se libera».

De momento, a día de hoy es la nacional la que registra una mayor intensidad de tráfico, con 25.012 vehículos diarios frente a los 18.105 de la autopistas, según el citado estudio de Ineca.

También se muestra radicalmente en contra de mantener cualquier tipo de peaje la Federación Provincial de Transportes (Fetrama). Su secretario general, Francisco Ortiz, recuerda que, además de los tributos que paga cualquier empresa, el sector ya abona más impuestos que la media a través de los que gravan el combustible -que supone el 50% de su cuenta de resultados-, por lo que rechaza la prolongación de las barreras, que suponen una carga extra para los transportistas.

Además, recuerda que los principales perjudicados serían las propias empresas de la Marina Alta y la Marina Baixa, ya que el tráfico de larga distancia que procede de Murcia o Almería o el que viene de Europa se suele decantar por la autovía del interior y el enlace de la Font de la Figuera, cuyo trazado resulta menos duro para los motores de los camiones, según el representante empresarial.

Las dudas del sector turístico

En el lado opuesto se sitúan los hoteleros de Benidorm, temerosos de que los actuales problemas que registra la circunvalación de Alicante y la autovía A7 entre Elche y Murcia -con un tráfico muy denso, que favorece los accidentes y los embotellamientos- se extiendan también hacia el norte de la provincia. «A ver si por liberalizar vamos a acabar perdiendo una de las mejores infraestructuras que tenemos», señala el presidente de Hosbec, Toni Mayor, preocupado ante el deterioro de imagen que puede suponer una situación así para el negocio turístico.

Al respecto, Mayor propone una liberalización «parcial» en la que se exima a los residentes de la zona del pago pero se mantenga para el resto y también para los vehículos pesados. Eso sí, una decisión que debería ir acompañada, a su juicio, de una mejora de la N332 «que lleva 70 años con un carril por sentido».

En términos parecidos se expresa también la presidenta del Cercle Empresarial de Dénia y la Marina Alta (Cedma), Sonja Dietz, sin duda la zona más afectada por la existencia de los peajes por su ubicación. Así, asegura que no es plato de buen gusto «tener que pagar 20 euros, entre la ida y la vuelta, cada vez que se necesita ir a Valencia» pero también reconoce los beneficios de disponer de una carretera con un tráfico fluido y en buen estado, «con la que sabes con certeza que llegarás a tal hora a tu destino». Así, señala el caso de su Alemania natal, donde todas las vías de gran capacidad siempre han sido gratuitas -hasta que hace poco se empezó a implantar una tasa para los camiones-, lo que provoca que muchas estén congestionadas. «Allí la gente ya no habla de las distancias en kilómetros, sino en las horas que le va a costar llegar», asegura.

A su juicio, lo ideal sería una solución a medio camino, que rebajara los costes para los residentes y quienes tienen que realizar un uso frecuente de esta carretera, pero que disuadiera a los camiones de utilizarla de forma masiva.

Como casi todos los consultados, Dietz cree imprescindible una mejora de la nacional para evitar que siga siendo el calvario que ahora supone para la mayoría de sus usuarios. Una posición que también comparte el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Miguel Baena. «Ojalá se quiten los peajes de la AP-7 pero lo realmente importante es solucionar el problema de la N332, que es la que comunica las poblaciones de la costa y la que más usan los residentes», señala Baena, quien asegura que, si no se actúa en esta carretera, la liberalización de la AP-7 acabaría por servir de poco. «Tiene que ser una vía de alta capacidad, de lo contrario no se podrá absorber el aumento de tráfico ni con la autopista liberada», insistió.

Desde la CEV eludieron pronunciarse hasta que su Comisión de Infraestructuras analice la cuestión en profundidad.

Carga económica

Más allá de las opiniones de unos y de otros, lo que sin duda también pesará en la decisión de Fomento de liberalizar o no la AP-7 serán los costes económicos. El estudio de Ineca calcula que el Estado deberá invertir 214 millones en los próximos diez años sólo en el mantenimiento de la vías, si quita los peajes. Lo que queda por ver es si el rechazo social de dejar los peajes y su coste electoral compensan esa cantidad.

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