Un observatorio de la colaboración público privada con representación de todos los actores (empresas, Generalitat, usuarios) que sirva como órgano de control y que acaba con los recelos y quite el miedo a la iniciativa privada. Esta es una de las propuestas que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) lleva tiempo poniendo encima de la mesa del Ejecutivo sin que la idea se haya concretado.
Desde la patronal autonómica se considera que este nuevo órgano serviría para supervisar todos aquellos ámbitos en los que lo público y lo privado van de la mano, fórmulas de colaboración que van más allá de las concesiones o las adjudicaciones ya que existen áreas como el servicio del taxi o las farmacias, en las que se dan estas relaciones. «Ganaríamos en transparencia y podría dar seguridad a todos los actores: usuarios, empresarios y administración», reflexiona el presidente de la patronal, Salvador Navarro. Presidencia vio con buenos ojos esta iniciativa, pero al parecer no existe unanimidad en Consell, por lo que es otra de las cuestiones que aún no están resueltas.
En términos generales, desde la patronal autonómica se valora el esfuerzo del Consell y en especial del presidente Ximo Puig, por mejorar la hipoteca reputacional de la C. Valenciana. Un trabajo que, apunta Navarro, ha permitido generar mayor estabilidad y confianza, algo que se ve en el incremento de las inversiones extranjeras.
Desde el sector empresarial se admite que el cambio de Gobierno en la Generalitat generó ciertos recelos e incertidumbre. Uno de las cuestiones que ha inquietado al sector es que la pata más nacionalista del Ejecutivo valenciano tirara del Consell, algo que consideran, no ha ocurrido. La deriva nacionalista que el PPCV vaticina en la Comunitat Valenciana como continuidad del procés catalán no parece que haya calado en un sector que, aunque, tuvo mucho vínculo con los gobiernos del PP también acabó con cierto hartazgo por el carácter coercitivo de esta relación.
La decisión final del mundo empresarial de ir a Madrid para reclamar junto con el Consell una mejor financiación es una imagen clara de que la izquierda y la clase empresarial pueden ir de la mano. La legislatura no ha sido con todo, un camino de rosas, si bien las fuentes consultadas admiten que desde Presidencia de la Generalitat se han desactivado mucho focos de conflicto. También valoran la forma de trabajar de la Conselleria de Hacienda y determinados altos cargos que carecen de complejos a la hora de tratar al mundo empresarial. Cuestiones muy controvertidas para el sector empresarial como los envases SDR o la tasa del azucar o de residuos han sido neutralizadas.
Ahora bien, en todo balance, hay también débitos. El conflicto con el Puerto Mediterráneo, en el que ven una oposición apriorística e ideológica, o la manera en la que se ha gestionado el rescato de Ribera Salud son cuestionadas por la patronal, donde también genera desconcierto la actitud del algunos miembros de gobierno, negados al trato con los empresarios. La patronal, de hecho, admite haber tenido que mediar en varias ocasiones para posibilitar que algún conseller atendiera a una empresa determinada. «A veces es ideológico, pero depende las personas», se apunta..
El ex responsalbe Medio Ambiente, Julià Alvaro, azote del Consell contra los empresarios (aunque para otros no era tan fiero el león como la pintaban) se fue de la Generalitat con la acusación de que el Consell había sido «incapaz de soportar la presión de los poderes económicos». La crítica de Álvaro (a quien Oltra acabó echando de la conselleria) fue contestada por el propio Puig al día siguiente asegurándo que no temía a nadie.
